Ya es algo aceptado por todos, es imposible devolver en su totalidad la deuda pública de nuestro país. La amplitud del problema impone con toda evidencia un debate público de fondo, planteando la cuestión de la ruptura con la estrategia seguida desde el comienzo de la crisis. ¿Con qué derecho se dejan los sucesivos problemas en manos de un pequeño grupo de autoproclamados expertos, mientras que al mismo tiempo los medios desinforman y aterrorizan a las capas populares?
Este planteamiento ha sido un perfecto fracaso. El país está en un callejón sin salida y es necesaria una amplia participación popular para la toma de las decisiones referidas a la deuda. Con este objetivo, el primer paso puede ser la constitución de una comisión internacional de auditoria de la deuda pública.
La deuda pública es enorme y multitentacular, con una gran variedad de contratos realizados bajo cláusulas muy diferentes. Pero sobre todo, está rodeada de una total opacidad. Según los pocos elementos conocidos, alrededor de los dos tercios de la deuda pública griega están en manos de acreedores extranjeros, sobre todo de bancos franceses y alemanes. La deuda externa consiste casi enteramente en bonos, de los que el 90% ha sido emitido bajo la legislación griega. La deuda interna está también en manos de los bancos, pero también de cajas de seguridad social y otros poseedores de bonos. Además, el estado debe pagar sumas considerables a pequeñas y grandes empresas.
A fin de afrontar la cuestión de la deuda, el país deberá decidir claramente qué montante va a devolver y cómo. Deberá también no aceptar ciegamente los diktats de la Unión Europea, que imponen un coste financiero y social exorbitante. Las decisiones son muy difíciles y los dirigentes griegos no deben decir amén a los principios neoliberales y sacrificarles su población. ¿Qué parte de esta deuda será finalmente devuelta? ¿Hay que hacer una diferencia entre los acreedores griegos y los acreedores extranjeros? Esas cuestiones esenciales no deben ser eludidas y abandonadas en manos de los “expertos” del Ministerio de Finanzas y del Banco de Grecia. Para que una solución satisfactoria para el pueblo griego vea la luz, es precisa la participación democrática de los movimientos sociales. La comisión internacional de auditoria podría jugar el papel de catalizador contribuyendo a la transparencia necesaria. Esta comisión internacional, compuesta de expertos de la auditoria de las finanzas públicas, de economistas, sindicalistas, representantes de los movimientos sociales, deberá ser totalmente independiente de los partidos políticos. Deberá apoyarse en numerosas organizaciones que permitirán movilizar a capas sociales muy amplias. Es así como comenzará a hacerse realidad la participación popular necesaria frente a la cuestión de la deuda.
Esta comisión internacional demandará que sean hechos públicos los contratos a cuyo estudio dedicará el tiempo necesario para definir la naturaleza de la deuda. La cuestión central es entonces: ¿qué parte de la deuda es “odiosa” o “ilegal”? La noción de deuda “odiosa” fue introducida en el derecho internacional por el jurista ruso Alexandre Nahum Sack en los años 1920 para calificar deudas públicas contrarias a los intereses populares. Constituye un gran debate en el seno de los juristas, pero hay que señalar que los Estados Unidos intentaron utilizar esta noción en 2003 para borrar las deudas del régimen de Saddam. Retrocedieron cuando constataron que iban a crear un peligroso precedente para un gran número de países. La noción de deuda “ilegal” es aún más amplia y fue utilizada por varias organizaciones que intentan obtener una reducción de las deudas de los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, se aplica a deudas de características penales, injustas o catastróficas para el medio ambiente.
La comisión internacional tendrá un campo de acción privilegiado en nuestro país. Basta con pensar en los contratos de deuda concluidos con la mediación de Goldman Sachs o destinados a financiar la compra de armas de guerra para constatar la necesidad de una auditoria independiente. Si se revelan odiosas o ilegales, estas deudas serán entonces declaradas nulas y nuestro país podrá rechazar devolverlas, a la vez que exige cuentas ante la justicia de quienes realizaron los contratos. La transparencia obtenida gracias al trabajo de la comisión internacional permitirá a la sociedad decidir por si misma lo que hará con la deuda. Por la historia de esta deuda, hay que comprender que su devolución no es algo evidente.
Existe en este tema la rica experiencia de América Latina. Todos los países de la periferia tienen interés en estudiar precisamente esta cuestión y en lanzar simultáneamente auditorias exhaustivas de la deuda. Los pueblos de Europa están llamados a cargar con un peso terrible para que sean salvados los bancos que han provocado el desencadenamiento de la crisis actual de múltiples consecuencias. Tienen el derecho absoluto a saber de donde viene esta deuda y a decidir sobre su propio futuro sobre esta cuestión. En nuestro país, se trata de una demanda democrática imperativa: que los contratos de la deuda sean hechos públicos y que se constituya ya la comisión internacional de auditoria de la deuda pública griega.
Este planteamiento ha sido un perfecto fracaso. El país está en un callejón sin salida y es necesaria una amplia participación popular para la toma de las decisiones referidas a la deuda. Con este objetivo, el primer paso puede ser la constitución de una comisión internacional de auditoria de la deuda pública.
La deuda pública es enorme y multitentacular, con una gran variedad de contratos realizados bajo cláusulas muy diferentes. Pero sobre todo, está rodeada de una total opacidad. Según los pocos elementos conocidos, alrededor de los dos tercios de la deuda pública griega están en manos de acreedores extranjeros, sobre todo de bancos franceses y alemanes. La deuda externa consiste casi enteramente en bonos, de los que el 90% ha sido emitido bajo la legislación griega. La deuda interna está también en manos de los bancos, pero también de cajas de seguridad social y otros poseedores de bonos. Además, el estado debe pagar sumas considerables a pequeñas y grandes empresas.
A fin de afrontar la cuestión de la deuda, el país deberá decidir claramente qué montante va a devolver y cómo. Deberá también no aceptar ciegamente los diktats de la Unión Europea, que imponen un coste financiero y social exorbitante. Las decisiones son muy difíciles y los dirigentes griegos no deben decir amén a los principios neoliberales y sacrificarles su población. ¿Qué parte de esta deuda será finalmente devuelta? ¿Hay que hacer una diferencia entre los acreedores griegos y los acreedores extranjeros? Esas cuestiones esenciales no deben ser eludidas y abandonadas en manos de los “expertos” del Ministerio de Finanzas y del Banco de Grecia. Para que una solución satisfactoria para el pueblo griego vea la luz, es precisa la participación democrática de los movimientos sociales. La comisión internacional de auditoria podría jugar el papel de catalizador contribuyendo a la transparencia necesaria. Esta comisión internacional, compuesta de expertos de la auditoria de las finanzas públicas, de economistas, sindicalistas, representantes de los movimientos sociales, deberá ser totalmente independiente de los partidos políticos. Deberá apoyarse en numerosas organizaciones que permitirán movilizar a capas sociales muy amplias. Es así como comenzará a hacerse realidad la participación popular necesaria frente a la cuestión de la deuda.
Esta comisión internacional demandará que sean hechos públicos los contratos a cuyo estudio dedicará el tiempo necesario para definir la naturaleza de la deuda. La cuestión central es entonces: ¿qué parte de la deuda es “odiosa” o “ilegal”? La noción de deuda “odiosa” fue introducida en el derecho internacional por el jurista ruso Alexandre Nahum Sack en los años 1920 para calificar deudas públicas contrarias a los intereses populares. Constituye un gran debate en el seno de los juristas, pero hay que señalar que los Estados Unidos intentaron utilizar esta noción en 2003 para borrar las deudas del régimen de Saddam. Retrocedieron cuando constataron que iban a crear un peligroso precedente para un gran número de países. La noción de deuda “ilegal” es aún más amplia y fue utilizada por varias organizaciones que intentan obtener una reducción de las deudas de los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, se aplica a deudas de características penales, injustas o catastróficas para el medio ambiente.
La comisión internacional tendrá un campo de acción privilegiado en nuestro país. Basta con pensar en los contratos de deuda concluidos con la mediación de Goldman Sachs o destinados a financiar la compra de armas de guerra para constatar la necesidad de una auditoria independiente. Si se revelan odiosas o ilegales, estas deudas serán entonces declaradas nulas y nuestro país podrá rechazar devolverlas, a la vez que exige cuentas ante la justicia de quienes realizaron los contratos. La transparencia obtenida gracias al trabajo de la comisión internacional permitirá a la sociedad decidir por si misma lo que hará con la deuda. Por la historia de esta deuda, hay que comprender que su devolución no es algo evidente.
Existe en este tema la rica experiencia de América Latina. Todos los países de la periferia tienen interés en estudiar precisamente esta cuestión y en lanzar simultáneamente auditorias exhaustivas de la deuda. Los pueblos de Europa están llamados a cargar con un peso terrible para que sean salvados los bancos que han provocado el desencadenamiento de la crisis actual de múltiples consecuencias. Tienen el derecho absoluto a saber de donde viene esta deuda y a decidir sobre su propio futuro sobre esta cuestión. En nuestro país, se trata de una demanda democrática imperativa: que los contratos de la deuda sean hechos públicos y que se constituya ya la comisión internacional de auditoria de la deuda pública griega.
Traducción Faustino Eguberri para VIENTO SUR.
