El reembolso de la deuda de Túnez es ilegítimo
El pasado 14 de enero de 2011 el pueblo de Túnez logró hacer caer a Ben Alí, el dictador que les había oprimido durante los últimos 23 años. No obstante, a su caída Túnez afronta una deuda externa pública en torno a los 10.000 millones de euros, de los cuales 157 millones están contraídos con el Estado español.
La deuda que la Administración española reclama a Túnez proviene de los recientemente desaparecidos créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), que se concedieron al dictador hasta el último momento.
Desde que Ben Alí asumió el poder en Túnez con un golpe de Estado en 1987, los diferentes gobiernos españoles han atorgado a este país 444 millones de euros en créditos FAD. Tan sólo en el año 2008 Túnez recibió líneas de crédito por un total de 224 millones de euros (de los cuales ya se han desembolsado 78 millones). En el 2009 (el último año del que se tienen datos) el Gobierno de Zapatero concedió un crédito FAD a Túnez por valor de 105 millones de euros. De hecho, durante los dos últimos años Ben Ali fue el principal receptor internacional de este tipo de créditos por parte del Gobierno español.
Desde que Ben Alí asumió el poder en Túnez con un golpe de Estado en 1987, los diferentes gobiernos españoles han atorgado a este país 444 millones de euros en créditos FAD. Tan sólo en el año 2008 Túnez recibió líneas de crédito por un total de 224 millones de euros (de los cuales ya se han desembolsado 78 millones). En el 2009 (el último año del que se tienen datos) el Gobierno de Zapatero concedió un crédito FAD a Túnez por valor de 105 millones de euros. De hecho, durante los dos últimos años Ben Ali fue el principal receptor internacional de este tipo de créditos por parte del Gobierno español.
El flujo de dinero que entró en Túnez proveniente de los acreedores internacionales sirvió para enriquecer el clan de Ben Ali, cuya fortuna se estima en 3.500 millones de euros, así como para imponer planes de ajuste sobre la economía de Túnez. Estos planes han beneficiado a las transnacionales occidentales, incluidas las españolas, instaladas en Túnez, que hasta ahora se han aprovechado de una desregulación laboral que permite una mano de obra muy barata.
La deuda contraída por Ben Alí se puede considerar, en su mayor parte, como una deuda odiosa, ya que no benefició a la población, sino que sirvió para fortalecer el régimen despótico, en detrimento de la población. Todo ello con pleno conocimiento de los acreedores internacionales. Según el argumento jurídico de la deuda odiosa, elaborado por Alexander Sachs en 1927, una deuda contratada no para las necesidades y los intereses del pueblo, sino en contra de su interés es “una deuda de régimen, personal del poder que la contrajo, y, en consecuencia, deja de tener validez cuando ese poder cae”.
El Banco central de Túnez prevé destinar este año 577 millones de euros del presupuesto del Estado al pago del servicio de la deuda pública externa, de los cuales 410 millones de euros se prevén pagar durante este mes de abril. Este pago se trata de una nueva hemorragia de recursos que Túnez necesita urgentemente para reconstruir un Estado realmente libre y democrático.
Por todo ello, en solidaridad con la sociedad civil tunecina y en coordinación con otras campañas de deuda del continente europeo, pedimos la suspensión inmediata del pago de los créditos españoles otorgados a Túnez (con congelación de los intereses) y la realización de una auditoria de estos créditos.
Esta auditoría debe contar con la participación de la sociedad civil en todo momento, tal como hizo el Gobierno ecuatoriano en 2007 y 2008 con el proceso de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC). Con ella, esperamos sacar a la luz el destino de los fondos tomados en préstamo, las condicionalidades, así como sus impactos económicos, sociales y medioambientales. El proceso de la auditoria permitirá identificar y repudiar la parte ilegitima de la deuda tunecina, evitar la formación de un nuevo ciclo de endeudamiento ilegitimo y responsabilizar y encausar a aquellas personas que hayan podido incurrir en delitos económicos, tanto por parte de las instituciones españolas, como de los integrantes de la estructura de poder de Ben Alí.
Casi medio centenar de parlamentarios europeos han apoyado la iniciativa de auditar la deuda de Túnez, y el propio Parlamento Europeo emitió el pasado 30 de marzo un comunicado en el que llamaba a todos los acreedores a analizar, caso a caso, la posibilidad de cancelar la deuda de aquellos países del arco mediterráneo que se han embarcado en el camino hacia la democracia.
No podemos permitir que un pueblo que logró una revolución histórica para liberarse de una dictadura sea sometido ahora a la dictadura de una deuda que impide su soberanía real.
Envíale este manifiesto a los responsables de la gestión de la deuda en el Gobierno español*:
(*José Luis Rodríguez Zapatero. Presidente del Gobierno de España; Milagros Hernando. Directora del Departamento de Política Internacional y de Seguridad del Gabinete del Presidente del Gobierno; Elena Salgado. Ministra de Economía y Hacienda; José Manuel Campa Fernandez. Secretario de Estado de Economía; María Jesús Fernández. Directora General de Financiación Internacional; Miguel Ángel Martínez. Subdirector General del Sistema Financiero Internacional; Soraya Rodríguez Ramos. Secretaria de Estado de Cooperación Internacional; Juan López-Doriga. Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo.)
