y Eulàlia Reguant, Justicia y Pau.
Septiembre de 2011
Este artículo se publicará en el libro Vivir en Deudocracia de la colección ASACO de la Editorial Icaria y coordinado por la Campaña ¿Quién debe a Quién?
Cuando se afirma constantemente que España tiene un problema de deuda soberana, ¿a qué nos referimos? ¿Es cierto que la administración pública española tiene un problema de sobre endeudamiento? Lo cierto es que el problema de la deuda española radica fundamentalmente en la deuda que ha acumulado el sector privado español, que es el que se ha endeudado hasta niveles insostenibles y que, al estar avalada en gran parte por el Estado, ha hecho que lo que ahora esté en jaque sea el futuro de la economía española.
Entendiendo la deuda española…
No es fácil conocer el importe exacto del volumen de la deuda de la economía española: lo que deben las administraciones públicas, empresas, bancos y familias españolas, tanto al exterior como al interior del país. Ello es así porque no se conoce con exactitud la deuda que ha adquirido el sector financiero español en los últimos años. No obstante, si tomamos como referencia dos estudios elaborados por instituciones extranjeras [1] podemos estimar (a la baja) que a finales del 2009 el importe total de la deuda se situó entorno al 400% del PIB. Es decir, cuatro veces la capacidad de crecimiento y creación de riqueza de la economía española durante ese año. Dando por válida la estimación del 400% del PIB, en mayo de 2011 la deuda total, en números absolutos, estaría entorno a los 4,25 billones de euros.
Según el Banco de España, del total de la deuda, lo que deben las administraciones públicas representa menos de 700.000 millones de euros, la de las familias españolas es algo menor al billón de euros y la de las empresas es de 1,3 billones. Por lo que la deuda que los bancos españoles han contraído entre ellos o con acreedores internacionales (ya sea con bancos privados o públicos, como es el caso del Banco Central Europeo, o con fondos y seguros), se mueve entorno a los 1,35 billones de euros.
De esta manera, la deuda que han adquirido todas las administraciones públicas tan sólo representa el 16% del total de lo exigido a la economía española. O lo que es lo mismo, el 84% restante ha sido adquirida por actores privados, siendo los bancos (con un 32%) y las empresas no financieras (con un 31%) los principales causantes del sobre endeudamiento de la economía española.
¿Cómo ha sido posible llegar a tal situación de sobre endeudamiento? Desde la entrada del euro el crecimiento de Alemania se ha acentuado gracias al endeudamiento de los países más débiles de la unión monetaria. Es decir, porque Alemania necesitaba colocar sus excedentes de capital, y con la entrada del euro, estuvo financiando la exportación de sus bienes y servicios hacia los denominados países periféricos de la UE mediante la concesión de créditos.
Si promotores y constructores españoles pudieron endeudarse de una manera tan irracional fue por la facilidad que tenían de encontrar crédito barato, que les venía, en gran medida, directa o indirectamente, de Alemania, con la fe ciega de que éste era un negocio que nunca tenía pérdidas. Así, los bancos alemanes prestaron directamente a los empresarios del negocio del ladrillo español y indirectamente prestando dinero a los bancos españoles, los cuales también quisieron sacar su tajada de la burbuja inmobiliaria. Así fue cómo los bancos españoles pudieron otorgar tan fácilmente centenares de miles de hipotecas y de créditos a familias y a empresas españolas, especialmente en le sector de la construcción.
Podemos afirmar que en el origen de esta abultada deuda privada hay parte de responsabilidad (o, mejor dicho, irresponsabilidad) de aquellos que prestaron sin control alguno sobre la capacidad real de retorno de esos créditos. Por ello, en caso que el impago sea real, como una deuda de ese calibre indica que puede suceder, también se deberán exigir corresponsabilidades al acreedor privado extranjero y español que concedió los créditos sin las oportunas garantías.
Lo que la economía española debe fuera de sus fronteras: nuestra deuda externa
La deuda que desde el Estado español se debe a acreedores extranjeros (deuda externa bruta), a 31 de marzo de 2011, asciende a 1,7 billones de euros, cifra que representa cerca del 170% del PIB español. Según los cálculos anteriores, esta cantidad significa casi la mitad de lo que debe el conjunto de la economía española. El resto sería deuda con acreedores españoles.
De todo ello, la parte de deuda pública con el extranjero representa únicamente el 18% del total de la deuda externa (307.000 millones de euros), mientras que todo el sector privado debe el 82% restante (1,4 billones de euros). En este caso, las entidades financieras también son las principales deudoras, con un 44% de la deuda externa española (760.000 millones de euros), mientras que los otros sectores adeudan el 38% restante (662.000 millones). Así, según el Banco de España, los actores privados deben al extranjero una cantidad cercana al 140% del PIB español, en un momento de estancamiento de la economía y con casi 5 millones de personas en el paro. De ahí el nerviosismo del mercado internacional, ya que un posible impago de la deuda externa por parte de los deudores privados tendría efectos inmediatos también sobre los acreedores extranjeros.
Para conocer quién está detrás de las presiones extranjeras, debemos saber quiénes son los bancos internacionales acreedores de esa deuda. Según el informe publicado en marzo de 2011 por el Banco Internacional de Pagos (BIP) los bancos de Alemania poseían el 22% de la deuda externa neta. Le siguen los bancos de Francia con un 20%, los de los EEUU con un 17%, los de Gran Bretaña con el 14%, los de Italia con un 4% y los de otros países de la UE con un 16%. De ahí que las llamadas de Merkel, Sarkozy, Obama y de la Comisión Europea en mayo de 2010 al presidente Zapatero para que priorizase el pago de la deuda por encima del gasto social tuvieran su efecto, ya que quien llamó no fue más que el “cobrador del frac”.[2]
De este mismo informe del BIP es importante resaltar que España tiene una deudaexterior neta (restando a la deuda bruta lo que se les debe a los acreedores españoles desde el exterior) con bancos extranjeros de más 800.000 millones de euros (aproximadamente un 80% del PIB español). De esta deuda, tan sólo un 11% procede del sector público,por lo que el 89% de lo que la economía española debe a bancos extranjeros (cerca de 715.000 millones de euros) lo debe el sector privado español.
En consecuencia, el riesgo de impago radica principalmente en el sector privado y no en el público. Siendo así, ¿por qué los acreedores españoles e internacionales están presionando al Gobierno para hacer reformas, recortes y privatizaciones, como si fuera precisamente en el sector público donde radicara la causa de todos los males?
El hecho de que el Gobierno central se haya mostrado dispuesto a avalar y garantizar gran parte (por no decir la totalidad) de la deuda privada de los bancos ha supuesto que el mercado (es decir, los acreedores de la deuda española) hayan enfocado su presión sobre las finanzas públicas, para que estén más saneadas que nunca, por si finalmente el Estado tiene que salir al rescate de impagos de la banca privada española.
¿Y cómo de saneada se encuentra la economía española?
Según el tratado de Maastricht, aprobado por los países de la Unión Europea en el año 1992, cada uno de los países miembros deberá tener un déficit público anual inferior al 3% del PIB y una deuda pública acumulada inferior al 60% de su PIB. Por el mismo tratado, es obligación de los países miembros cumplir estrictamente con cada uno de estos dos macro indicadores económicos, con el fin (se dice) de favorecer la convergencia económica entre los países de la Unión. Ambos indicadores muestran que el Estado español ha cumplido estrictamente hasta el estallido de la crisis. No obstante, no hay estudios serios que expliquen el por qué es necesario obedecer a dichos niveles de disciplina fiscal, más cuando se está en un período de recesión o de estancamiento de la economía.
Sobre el déficit público…
Las cuentas públicas españolas estaban altamente saneadas antes de la crisis económica. Por lo que atañe al déficit público, no fue hasta el año 2008, ya en plena crisis financiera y económica, que se volvió a tener un déficit público superior al 3% del PIB. De hecho, en los nueve años anteriores a la crisis, el déficit presupuestario siempre se había mantenido por debajo del 3%, habiendo incluso llegado a tener superávit fiscal los tres años inmediatamente anteriores al estallido de la crisis.
No obstante, con la crisis se produce una caída en picado de los ingresos de las administraciones públicas, debido al cierre internacional del crédito, que provoca la quiebra de miles de empresas y el aumento estrepitoso del paro en el país, que pasa del 8% al 21% de la población activa en menos de tres años. De este modo, por un lado se ingresa menos, porque hay menos gente cotizando; y por otro lado, se gasta más, porque hay más gente que está cobrando la prestación del paro. La factura del gasto público también ha aumentado a causa de las ayudas al sector bancario, que, como veremos más adelante, asciende a un mínimo de 100.000 millones de euros. A su vez, hay una importante disminución de ingresos por la caída de la recaudación por el impuesto de sociedades, debido como se ha dicho, al cierre de muchas empresas. Ello ha supuesto que, en tan sólo dos años, el Estado español haya pasado de tener un superávit del 2% en el 2007 a un déficit del 11% en el 2009.
Todo ello viene provocado por el descontrol financiero y también por la manera cómo se recaudan los impuestos en el Estado español, que depende fundamentalmente de las rentas de trabajo de las clases asalariadas y no de la tributación sobre el capital de las clases altas y rentistas. Todo ello ha provocado que a finales del 2010 el déficit fiscal se haya situado en el 9,2% del PIB español (98.227 millones de euros), cuando la media de la UE es del 6,4%.
Lamentablemente, las soluciones que hasta la fecha ha llevado a cabo el Gobierno español para reducir dicho déficit han ido en la línea de recortar gastos públicos, en lugar de aumentar los ingresos vía impuestos directos. Así, mientras el Gobierno tranquilizaba a los mercados presentando un recorte en gasto social de 15.000 millones de euros, no se ha planteado ninguna reforma fiscal progresiva en profundidad. Se ha procedido a hacer lo contrario. En 2008 se eliminó el impuesto de patrimonio, un impuesto que en el último ejercicio en que se declaró (2007), supuso una recaudación de más de 2.120 millones de euros para las arcas públicas.[3] En las últimas semanas el Gobierno español ha anunciado la recuperación de dicho impuesto, bastante descafeinado respecto al anterior. Sólo pagaran aquellos contribuyentes cuyo patrimonio supere los 700.000 euros, lo que supone multiplicar casi por siete el límite anterior. Además, el mínimo exento para vivienda habitual se eleva a 300.000 euros, el doble del que había en 2008. También durante la última década se ha producido la práctica desaparición de otro impuesto que favorece a las rentas superiores: el impuesto de sucesiones y donaciones, cuya recaudación se estima en 3.000 millones de euros. Asimismo, también es alarmante la disminución progresiva del impuesto que tienen que pagar las personas que más tienen sobre las rentas del trabajo de las personas físicas (IRPF). Así, cuando se creó este impuesto en 1978, lo que pagaban las personas que más salario reciben era del 65%, mientras que en la actualidad, los que más ganan, pagan tan sólo un 45% (que podríamos comparar con el 56% que pagan en Suecia, el 54% de Bélgica o el 52% de Holanda). Por su parte, aunque el impuesto de sociedades es del 30% de los beneficios para las grandes empresas, en realidad éstas únicamente tributan una media del 15%. Además, el gran capital se esconde tras las Sociedades de Inversión de Capital Variable (las SICAV), que sólo tributan al 1%. Todo ello sin considerar el elevado fraude fiscal que impera en el país, que se estima entorno a los 80.000 millones de euros, cifra que supone más de 5 veces los recortes sociales del Gobierno socialista.[4]
En consecuencia, se entiende que para afrontar el equilibrio fiscal se debe desarrollar una nueva política fiscal, que obligase a pagar más a quién más tiene. De esta manera se recaudarían más impuestos, el déficit fiscal sería mucho menor y se podrían llevar a cabo políticas mucho más redistributivas.
…y sobre la deuda pública
Por lo que atañe a la deuda pública española cabe decir que hasta finales del 2010 cumplía estrictamente con los criterios de Maastricht. Así, a 31 de diciembre de 2010 ésta se situaba en el 60,1% del PIB español. De hecho, la deuda pública española es de las más bajas de los países de la zona euro, ya que en muchos de ellos su deuda pública supera sorprendentemente ese umbral desde hace tiempo. Tal es el caso de Francia (82%), Alemania (83%), Portugal (93%), Irlanda (96%), Bélgica (97%), Italia (119%) o Grecia (143%), mientras la media de la UE era del 80%. Desde el 2000 la deuda pública española se ha situado siempre por debajo del 60% del PIB y no ha sido hasta el inicio de la crisis cuando ésta ha aumentado del 40% de 2008 al 60% de finales del 2010. Ello ha sido así, precisamente, por la necesidad del Gobierno Central de emitir deuda pública para poder hacer frente a las ayudas a los bancos privados y al aumento del déficit. Aún así, según las provisiones oficiales, la deuda pública se situará por debajo del 70% del PIB a finales de 2011, por debajo de la media europea.
Entonces, ¿por qué se centra la atención sobre la deuda pública española si ésta es de las más bajas de la UE? ¿Por qué los mercados no acosan de igual manera a otras economías europeas, como la francesa o la alemana, que tienen una deuda pública mucho mayor que la española? Es difícil responder a esta cuestión, pero parte de la respuesta se encuentra en que son precisamente los bancos alemanes y franceses los que mayor deuda contraída tienen con la economía española (ya sea pública o privada). Así, son ellos los que también presionan para que la economía pública española esté lo más saneada posible, para el caso que el Estado español deba hacerse cargo de la deuda privada de los bancos españoles de la que ellos mismos son también acreedores.
Pero ello tan sólo responde a parte de la pregunta planteada, ya que menos de la mitad de la deuda pública está en manos extranjeras. En realidad son los bancos e inversores españoles los principales acreedores de la deuda pública española, al poseer un 55% del total de la misma. Así, como acreedores obligan al Gobierno a que priorice el pago de las deudas que el Estado tiene con ellos por encima de su obligación básica, que es la de cubrir las necesidades sociales básicas de la población. Esta obligación se ha trasladado ahora a la Constitución española. La reciente reforma de la Constitución, realizada sin referéndum y con un amplio rechazo de la sociedad civil, no sólo fija un límite al déficit público, sino que establece que el pago de la Deuda “gozará de prioridad absoluta”. Además determina que los créditos que generan dicha deuda “no podrán ser objeto de enmienda o modificación”, limitando así la capacidad soberana de negociar una reestructuración de la deuda o incluso decidir su repudio en caso que sea necesario.[5]
No teniendo suficiente con ello, los bancos también exigen al Gobierno que se endeude para convertir su deuda privada en deuda pública. ¿Cómo? A través de mecanismos tan sutiles y difíciles de entender para el conjunto de la población como son la compra de activos tóxicos (los más que improbables cobros de la burbuja inmobiliaria), avales, garantías y ayudas públicas para salvar y reestructurar al sector financiero.
Así, por lo que se conoce, en total se ha destinado un mínimo de 100.000 millones de euros (el 10% del PIB español) en ayudas públicas a los bancos. Éstas han servido para que el sector financiero privado pueda deshacerse de activos tóxicos de sus balances, pagar parte de sus deudas y reestructurarse para ganar competitividad y beneficios en el actual momento de crisis. Y ello, en su mayor parte ha sido posible porque el Estado se ha endeudado, en nombre de la ciudadanía, para poder ayudar a la banca privada.
Es así como la banca privada, que en realidad es el sector más endeudado, está consiguiendo con la presión que ejerce sobre el Gobierno, convertir sus deudas privadas en nuestras deudas públicas. Es, cuanto menos, una paradoja que los mismos actores que causaron la crisis sean los que ahora exijan que sea la población quien pague la fiesta de los años de crédito fácil.
En este sentido debemos tener en cuenta que, cuando se nos dice que hay "presión de los mercados financieros", esta presión también tiene nombres y apellidos españoles, entre otros el Emilio Botín del Banco de Santander, el de Francisco González del BBVA, el de Rodrigo Rato de Bankia o el de Isidre Fainé de CaixaBank. Son ellos, entre otros, los que estuvieron especulando en el mercado inmobiliario, y ahora salen ganando. ¿Cómo sino es posible que los principales bancos españoles, junto a las grandes empresas, hayan podido maximizar beneficios incluso en años de crisis? ¿Cómo es posible que las empresas cotizadas en el IBEX – 35, en el año 2010, obtuvieran beneficios por más de 50.000 millones de euros, una cifra que triplica el recorte social aplicado por el Gobierno socialista? ¿Cómo es posible que más del 80% de las empresas del IBEX tengan sede en paraísos fiscales y nadie les diga nada?
Así, cuando los acreedores internacionales ven que el Gobierno español está dispuesto a todo tipo de artilugios financieros (garantías, avales, emisión de bonos…) para salvar al sector bancario, entienden que a quien hay que presionar es al Gobierno, sabiendo que, en último término, el Estado avalará cualquier impago de los grandes actores privados, especialmente el de los bancos. Por ello, aunque la deuda soberana tan sólo debería referirse a lo público, en el caso español, como ha sucedido antes en países como Ecuador o Irlanda, entre muchos otros, también concierne a la deuda privada.
¿Y cuanto nos cuesta la factura de la deuda?
Las presiones de los acreedores tienen su efecto más allá de los ajustes para recortar el gasto. También han conseguido que el Estado sea un buen pagador. Así, si analizamos el pago de intereses de la deuda española, observamos que éste está aumentando velozmente en los últimos años. En el 2011 el Estado gastará en el pago de intereses de la deuda un mínimo del 2,6% del PIB. En términos absolutos supone aumentar esta partida en más de un 65% en relación al inicio de la crisis, llegando a superar los 27.000 millones de euros, es decir, casi dos veces los recortes sociales del Gobierno para los años 2010 y 2011.
En valores absolutos nunca se había pagado tanto por devolver intereses de la deuda. Por un lado, el Gobierno debe refinanciar cada vez más deuda, es decir, hacer emisiones de bonos más cuantiosas para poder renovar las deudas pendientes. Pero también al aumento de tipo de interés que el Estado debe pagar por colocar sus bonos en los mercados. Este aumento se debe a la presión cada vez mayor de los mercados sobre la deuda pública española, de la que en gran parte son responsables las agencias de calificación como Fitch, Standard & Poor’s y Moody’s. Estas agencias, de titularidad privada y vinculadas con los grandes bancos y fondos de inversión internacionales, ganan enormes beneficios especulando con los bonos de deuda soberana, calificando a la baja deudas públicas tan saneadas como la española.[6]
Esta presión de los mercados financieros, va en detrimento de la ciudadanía, que se está quedando sin recursos, a causa de los recortes, y que necesita más que nunca de servicios públicos tan esenciales como son la salud, la educación o los servicios sociales. Cabe destacar que las ayudas o subsidios sociales han pasado a ser esenciales para más de 1,3 millones de familias, en las que todos sus miembros se encuentran desempleados.
[1] Datos extraídos del informe Debt and deleveraging: the global credit bubble and its economical consequences, elaborado por McKinsey Global Institute ypublicado en: http://es.scribd.com/doc/61035961/McKinsey-Debt-and-Deleveraging (página 63) y del informe Eurozone: between the austerity and default, editado porResearch on Money and Finance, en: http://www.researchonmoneyandfinance.org/media/reports/RMF-Eurozone-Austerity-and-Default.pdf (pagina 8).
[2] El 12 de mayo de 2010 el presidente Zapatero presentó en el Congreso el mayor plan de recortes sociales en 30 años por un importe de 15.000 millones de euros (el 1,5 del PIB español), después de recibir presiones de toda la comunidad internacional.
[3] Es importante tener en cuenta que el impuesto del patrimonio suprimido en 2008 tan sólo grababa la riqueza que poseían las personas con un patrimonio superior a 120.000 €, excluidas hipotecas, deudas y cargas de bienes y derechos, y en el que computaban todos los bienes y derechos, salvo la vivienda habitual y el valor del negocio del cual el contribuyente obtenía su ingreso principal en el IRPF.
[4] Esta cifra se ha encontrado en el artículo ¡Rebélate!, de Vicenç Navarro, que está colgado en el blog de Público desde el 14 de abril de 2011, en: http://blogs.publico.es/dominiopublico/3271/%C2%A1rebelate/
[5] Artículo 134.3 de la Constitución Española. Ver análisis en Gurusblog “La diabólica cláusula de la Reforma de la Constitución que entrega a España a los acreedores”, 1 de septiembre de 2011, http://www.gurusblog.com/archives/reforma-constitucion-entrega-espana-acreedores/01/09/2011/ y “Reformando la Constitución o llamando al exorcista”, 31 de agosto de 2011, http://www.gurusblog.com/archives/reformando-la-constitucion-o-llamando-al-exorcista/31/08/2011/
[6] Ello ha motivado que varias asociaciones españolas de juristas y ciudadanos hayan presentado una querella criminal en la Audiencia Nacional española contra estas agencias en la que las acusan de “alterar el precio de la deuda pública en los mercados” y de utilizar información reservada “de forma ilegítima” para beneficio propio o de sus clientes. Más información en: http://www.acordem.org/2011/04/23/las-tres-agencias-internacionales-de-calificacion-ante-los-tribunales-espanoles/
