por la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda - País Valenciano (PACD-PV)
La
magnitud de la crisis y los tremendos recortes sociales con las dramáticas
condiciones de vida que están provocando
para el 99%, contrastan terriblemente con la impunidad con la que se está
librando el restante 1% de responsabilidades políticas y jurídicas por su mala
gestión y virtual corrupción: apropiación en forma de indemnizaciones,
contratos blindados y planes de pensiones multimillonarios son privilegios
ilegítimos que se han otorgado los mismos máximos gestores al mando, tanto
antes de la crisis como ahora.
Esta
minoría de alt@s ejecutiv@s transfiere las pérdidas, consecuencia de su inmensa
codicia e incompetencia, a la mayoría de
la sociedad, a la que primeramente engañaron y luego estafaron. Este trasvase
de pérdidas provoca el enorme endeudamiento del estado y l@s polític@s, fieles
a los ideales ultraliberales, dan prioridad a la disminución de la deuda sobre
el bienestar y la seguridad de la ciudadanía;
mientras tanto, grandes corporaciones y/o fondos de inversión planean
hacerse rápidamente con lo que todavía figura entre las propiedades comunes que
poseen los estados: la sanidad, la educación, el agua corriente, las pensiones
públicas, pronto serán privatizadas.
Auditar
la deuda es conocer qué deudas se están pagando y a quiénes se están pagando.
Auditar la deuda también es decidir qué partes se dejan de pagar porque se
consideran ilegítimas. Pagar una deuda adquirida finalmente por pequeños
ahorradores y pensionistas no tiene nada que ver con una deuda en manos de
grandes emporios financieros y empresas con beneficios, ni con una deuda en
manos de grandes fortunas y accionistas, fondos buitre, de pensiones o
simplemente especulativos: ¡abramos los libros para auditar la deuda, sepamos
qué ha pasado realmente!
Exigimos
la formación de un tribunal especial ciudadano con la finalidad de conocer y
hacer público todo lo ocurrido en la gestión de Bankia al menos en los últimos
10 años; que proponga el procesamiento y encarcelamiento preventivo de todos
los responsables máximos de la dirección
de Bankia; que adopte además medidas urgentes necesarias para evitar la
ocultación y evasión de pruebas y dinero, actuando de inmediato sobre el
patrimonio de los implicados.
Asimismo,
consideramos que el control estatal de
la entidad es un paso importante para la
formación de una Banca Pública, que recupere y dé paso a una gestión financiera
desde los intereses del conjunto de los ciudadanos: es necesario desarticular
el monopolio bancario privado, al servicio de unas élites que hunden
rápidamente a más de un tercio de la población en la desesperación y la
miseria, al tiempo que su ya escandaloso nivel de vida continúa mejorando.
El
coste de las pérdidas bancarias y de los activos tóxicos, inmobiliarios y de
suelo en su gran mayoría, debe recaer sobre el patrimonio de los grandes
accionistas y de los gestores, nunca sobre las espaldas de la población, tal y
como lo están haciendo hasta ahora, socializando las pérdidas allá donde se
producen y manteniendo los beneficios, bien apartados de la sociedad, en manos
de unos pocos.
Para
ello, deben darse a conocer todos los datos contables y todas las actas de
reuniones de dirección de la entidad. Sepamos qué ha pasado realmente. ¡Abramos
los libros, hagámoslos públicos en su totalidad!, impidamos que el gobierno del
PP deje nuestro futuro en manos de aquellos que provocaron la catástrofe, sin
explicaciones ni responsables, sin preguntarnos.
¡No pagaremos sus deudas ilegitimas!
Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda - País Valenciano
(PACD-PV)