por Carlos Sánchez Mato
¿A quién le amarga un regalo de 4 mil millones de euros? Ese es el
obsequio que se ha encontrado Caixa con la adjudicación del Banco de
Valencia en la peculiar subasta celebrada por el Estado. Con esta
operación de venta se ha consumado un escandaloso expolio de fondos
públicos justificado con el argumento de que el coste para el erario
público será infinitamente menor que la factura que finalmente
pagarían los ciudadanos si se dejara caer a la arruinada entidad.
¿Era más barato para el Estado actuar de esa forma y, sobre todo, era
la única alternativa?
Está claro que no. Es verdad que no actuar inyectando fondos en Banco de Valencia sería
tremendamente oneroso para el Estado. El proceso de sustitución de
acreedores que se adoptó hace dos años hace que el volumen de pasivo
soportado de hecho por el Estado sea ya enorme. Más de 21 mil millones
de euros nos costaría a todos no intervenir. Optar por la liquidación
implica un enorme quebranto para las arcas públicas a corto plazo dado
que los acreedores privados ya han sido salvados en su mayor parte. Los
activos sanos de Banco de Valencia serían líquidos a medio y largo
plazo. Sin embargo, los depósitos y los avales a las emisiones de deuda
serían exigidos de manera inmediata.
Sin embargo, entre la no intervención que supondría una quiebra
inmediata del Banco de Valencia y la inyección de fondos públicos
adicionales para sanearla y regalarla posteriormente a una entidad
bancaria privada hay un abismo.
Ese es el engaño fundamental de esta operación: Había otra solución
que consiste en gestionar adecuadamente el banco dentro del perímetro
de una banca pública orientada a la obtención de una rentabilidad
económica para el Estado y social para los ciudadanos. El coste de esta
operación hubiera sido claramente inferior al soportado en la
transmisión a Caixabank.
Sin embargo, se ha optado por elegir una salida para el Banco de
Valencia que supone hacer un maravilloso regalo a Caixabank con dinero
público. Eso sí, después de socializar las pérdidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado (7 mil millones de euros adicionales a
los ya enterrados en la filial del Banco Financiero y de Ahorros).
La operación de venta de Banco de Valencia culmina una desastrosa
gestión de la quiebra de una entidad financiera de reducidísimo
tamaño para el sistema bancario español al que se habrán dado ayudas
públicas cercanas a los 18 mil millones de euros, cifra superior a los
recortes realizados en Sanidad y Educación en el conjunto del Estado de
2010 a 2013.
Y esto no ha hecho más que empezar…