por Carlos Sánchez Mato
En la madrugada del sábado los ministros de Economía y Finanzas de la Unión
Europea acordaron proporcionar un préstamo de 10 mil millones de euros a
Chipre para que el país rescate a su sistema bancario. A cambio, se obliga a
este gobierno conservador a establecer un impuesto del 6,75% sobre los
depósitos de hasta 100.000 euros y del 9,9% en los depósitos por encima de
esa cantidad. Con esta medida, el estado chipriota recaudará 5.800 millones
de euros. Para evitar la huida masiva de los depositantes, las entidades han
retenido ya esa cantidad, y se han limitado las transferencias para impedir
una retirada masiva de fondos.
En definitiva, el corralito en plena Unión Europea. El camino que se ha
iniciado en Chipre no tiene vuelta atrás. Se ha cruzado una línea que era el
único obstáculo que impedía en estos últimos años la quiebra del sistema
bancario de la mayoría de los países europeos.
Según se han apresurado a declarar fuentes del Ministerio de Economía, el
rescate que la Unión Europea ha realizado a Chipre y que incorpora por
primera vez la realización de quitas a los ahorradores “no es extrapolable a
ningún otro país”. El argumento es que Chipre tiene un sector bancario
sobredimensionado, una situación muy compleja y una profunda crisis
inmobiliaria. La verdad es que no parecen argumentos muy tranquilizadores
para los depositantes españoles…
Y no lo son porque el sistema bancario estaba y está en quiebra. El único
motivo por el que los ciudadanos españoles no retiran de forma masiva sus
ahorros de las insolventes entidades bancarias es la confianza en que el
Estado protege sus depósitos hasta un importe de 100 mil euros por titular.
Saben que el Fondo de Garantía de Depósitos no dispone de patrimonio para
responder ni a la quiebra de una pequeña entidad como el Banco de Valencia
por lo que su utilidad en caso de una crisis global como la actual es nula.
Si el Gobierno español adoptara una decisión similar, se recaudarían más de
148 mil millones de euros según las estimaciones que podemos realizar con
los datos de depósitos de las entidades bancarias publicados en junio de
2012. De esa cantidad, más de 53 mil millones de euros corresponderían a los
titulares de depósitos de importe inferior a los 100 mil euros. Desde el
miope punto de vista del Gobierno puede ser muy tentador “meter la mano” en
los ahorros de la ciudadanía para recapitalizar a bancos y cajas de ahorros.
Sin embargo, esa actuación no conseguiría en ningún caso el objetivo
perseguido. Los depósitos de la clientela suponen aproximadamente el 44% de
la financiación de los activos del sistema bancario español. Con toda
seguridad se produciría una contracción brutal de la confianza en la
seguridad de los particulares y el efecto sería demoledor para las
entidades.
Hasta ahora, mi opinión había sido que las élites en el poder no se
atreverían a resolver la falta de capital de las entidades financieras
expoliando a los depositantes por la enorme repercusión política que esas
medidas supondrían. Sin embargo, no contaba con la torpeza de los reunidos
esta semana en Bruselas. Solamente una nacionalización inmediata y
permanente de todo el sector bancario puede salvar los ahorros de los
europeos pero no parece que esto forme parte de la agenda de la Comisión
Europea.
El plan diseñado para Chipre es una experiencia piloto y las consecuencias
de esa actuación serán analizadas con todo detalle por los jefes de Estado y
de Gobierno de los países pertenecientes a la Unión Europea. Si logran
atajar las consecuencias de esta decisión, es decir, si no se produce una
huida desesperada de los depositantes (no solamente de los chipriotas) y una
protesta social equivalente a la magnitud de la tropelía, actuarán de igual
forma en la siguiente fase del rescate bancario que tendrá lugar en los
próximos años en los países del Sur de Europa.
La parte positiva es que, por fin, se producirá el estallido social.