por Iolanda Fresnillo
La crisis y la austeridad no toca a todos por
igual. Resulta evidente a los ojos de todas que los grupos más
vulnerables tienen mayores dificultades para afrontar la desaparición de
derechos sociales y de fuentes de ingreso. Las mujeres se encuentran en
mayor porcentaje en estos grupos más vulnerables, con unos impactos
diferenciales sobre ellas. Para empezar las mujeres en Grecia, como en
España, Portugal, Italia o Irlanda, sufren la crisis doblemente, pues al
desempleo y la reducción de servicios sociales, hay que añadir la carga
que se les impone al asumir de forma mayoritaria los trabajos de
cuidado que antes proveía el Estado. Son las mujeres las que se hacen
carga de los enfermos, los niños o los ancianos cuando cierran
hospitales o se reduce la cobertura de los servicios de salud y
educación.
En Grecia desde hace casi dos años la Iniciativa de Mujeres contra la deuda y la austeridad
intenta hacer frente a ésta situación, no sólo difundiendo la
información sobre la situación en que la austeridad deja a las mujeres
griegas, sino también apoyando a aquellos colectivos que luchan contra
el ataque a los derechos sociales y proveen alternativas.
El proceso de recortes y privatización de la sanidad en Grecia está
teniendo impactos extraordinarios en las mujeres. El servicio de salud
nacional ha dejado de ser gratuito, a los 25 euros por simplemente
entrar el hospital a pagos por exámenes, pruebas e intervenciones. Para
dar a luz en un hospital público hay que pagar 800 euros, 1600 si hay
que hacer cesárea. Si no se dispone del dinero hay hospitales que se han
negado a atender a mujeres de parto. Simplemente las envían de
vuelta a casa para que den a luz allí. Se han detectado hasta ahora dos
casos en los hospitales Alexandra y Helena de Atenas en los que el hospital retiene al recién nacido
hasta que la familia paga la tasa correspondiente.s reunimos con
algunas de ellas y nos cuentan que su trabajo se centra sobretodo en los
derechos reproductivos, sexuales y de salud.
A las mujeres inmigrantes sin papeles, y por tanto sin
cobertura sanitaria (al igual que millones de desempleados sin
subsidio), se les niega el derecho a la sanidad pública. Algo
que sucede también en España desde la última reforma sanitaria. Nos
cuenta Sofia, de la iniciativa de mujeres contra la deuda y la
austeridad, el caso de una mujer afgana que consiguió llegar a Atenas
después de un periplo de fronteras y miles de kilómetros, embarazada de 8
meses. Cuando acudió al hospital con dolores de parto un mes antes de
la fecha, el hospital se negó a atenderla. Pero un movimiento espontáneo
de solidaridad surgió a su alrededor, la gente empezó a acudir al
hospital gracias a las redes sociales, y el hospital fue obligado por la
movilización popular a hacerse cargo del parto.
Desde el Estado se privilegia a las clínicas privadas
sobre los hospitales públicos. El proceso de privatización encubierta
de la sanidad llega a tal extremo que las mujeres que dan a luz en un
hospital público se quedan sin el apoyo económico a la maternidad que
ofrecía el Estado (y que en cambio sigue dando a aquellas mujeres que
dan a luz en la sanidad privada).
Aumentan los abortos no deseados por miedo a perder el empleo
(la reforma laboral permite despedir a una empleada pública si se
ausenta por más de dos semanas del trabajo, aunque sea por baja médica,
por lo que las mujeres con embarazos de riesgo no se atreven a pedir la
baja). Aumentan también los niños dados en adopción, pues muchas
mujeres, sobretodo inmigrantes, no se pueden hacer cargo de ellos. Ante la pregunta de cómo reaccionan los hospitales ante todo ello,
nos cuentan que hay de todo, gerentes de hospitales que se aprovechan de
la situación para cobrar y mejorar la situación económica de sus
hospitales, y profesionales de la sanidad que desobedecen y tratan a
personas sin papeles o sin seguro de salud.
Pero a menudo la buena voluntad no es suficiente. Las grandes empresas farmacéuticas como Roche o Novartis se niegan a menudo a proveer medicinas
(incluyendo tratamientos contra el cáncer) sin un pre-pago, lo que
supone una escasez de medicinas en la mayoría de hospitales y farmacias
del país. No se sabe cuantas personas han muerto por falta de
tratamiento contra el cáncer u otras enfermedades terminales. Se cierran
centros de salud en los pueblos más pequeños. En dos islas han
cerrado los únicos centros de salud que quedaban, dejando a 25.000
personas sin acceso a atención sanitaria. Miles de niños no tienen
acceso a vacunación (nos hablan de 5.000 niños y niñas), pues
después del memorándum impuesto por la Troika ya no es gratuita. Médicos
sin Fronteras o UNICEF están empezando a ofrecer campañas de vacunación
a los niños y niñas del país, como antes hicieron en América Latina,
África y Asia. Enfermedades que estaban erradicadas, como la
Tuberculosis, ha vuelto a aparecer en el país.
Los hospitales no sólo sufren la falta de medicinas, sino también los equipos médicos sufren recortes y las trabajadoras sanitarias pueden pasar de 3 a 6 meses sin cobrar, trabajando gratuitamente y bajo una enorme presión. Todo ello ha dejado el país en un estado de shock.
Voula nos habla con rabia de cómo Grecia es el ejemplo más claro de la doctrina del Shock planteada por Naomi Klein. “Es una auténtica crisis humanitaria” nos dice, “los derechos humanos simplemente ya no existen en Grecia”.
La población se encuentra casi desarmada ante las medidas decididas
fuera del parlamento, en Bruselas, Frankfurt o Washington, impuestas por
la Troika a una población que resiste como puede sus efectos. Aseguran
que el parlamento ya no cuenta para nada, e incluso la movilización
social está en declive.
Pero ante la desesperación también surgen clínicas sociales gratuitas y auto-gestionadas,
que han empezado a atender a las ciudadanas más empobrecidas,
desempleados y sin papeles que no tienen acceso a la sanidad pública y
no se pueden permitir pagar por la sanidad privada. La Iniciativa de Mujeres contra la deuda y la austeridad trabaja con
estas clínicas, pero también con organizaciones de inmigrantes,
sindicatos, partidos políticos, plataformas contra la privatización o
campañas contra la deuda como “No Debt no Euro” o la campaña por la
Auditoría de la Deuda, ELE, para hacer un frente común y apoyar en lo
que puedan a la población abandonada por las instituciones.
Y nos recuerdan que su situación no es excepcional, sólo algo más avanzada que la nuestra. “Hoy es nuestra pesadilla pero puede ser la vuestra mañana”.
Y por ello tenemos que trabajar conjuntamente, coordinar acciones,
compartir información, difundir los impactos reales de las políticas de
austeridad sobre las mujeres y el resto de la población.