Este texto ha sido elaborado
colaborativamente por la PACD-Barcelona a raíz de diferentes propuestas
de diversos partidos políticos sobre auditorías de deuda. [Versió Català]
Partidos políticos y la auditoría
El pasado 12 de marzo el grupo parlamentario Izquierda Plural (IU, ICV-EUIA y CHA) presentó en el Congreso de Diputados una proposición no de ley
sobre la “creación de una Auditoría de Deuda Pública”, así como de una
“comisión que determine los criterios económicos y sociales con los que
poder calificar como odiosa parte de la deuda”.
Casi al mismo tiempo, los grupos de ICV por un lado y la CUP por
otro, interpelaron al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en el
Parlament sobre la cuestión de la deuda, interpelaciones que derivaron
en sendas mociones que proponen la realización de una auditoría de la
deuda pública catalana. Por su parte, la coalición Compromís en el País Valencià
(Bloc, IdPV y Verds) hizo público el pasado 20 de marzo un informe
sobre la ilegitimidad de la deuda valenciana, y propone auditar “las
cuentas de la Generalitat Valenciana para comprobar si la deuda pública
responde a necesidades del funcionamiento operativo o a otras causas,
con lo que identificaremos y cuantificaremos la conocida como “deuda
ilegítima”.
También en el Parlamento Europeo el grupo de los Verdes / ALE
ha conseguido introducir en el Informe Gauzés – sobre el refuerzo de la
supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembro que
experimentan o corren riesgo de experimentar graves dificultades en la
estabilidad financiera dentro de la zona euro- la propuesta de realizar
auditoría de deuda pública.
Desde que en Octubre de 2011 la propuesta de realizar una auditoría ciudadana de la deuda española surgiera de un encuentro entre diferentes movimientos
y organizaciones sociales, asumiendo como propia una propuesta de
movimientos sociales del Sur, varios partidos políticos también han
adoptado como suya la propuesta de la auditoría de la deuda pública como
herramienta para luchar contra el pago de deudas ilegítimas, tanto
incluyendo dicha propuesta en sus programas electorales como haciendo
propuestas concretas en las instituciones en las que están presentes.
Resulta alentador que la propuesta de
analizar de forma integral el origen, composición, gestión e impactos de
la deuda pública se convierta en una prioridad para algunos partidos
políticos. Difundir y reclamar el derecho de la ciudadanía a conocer qué
se esconde tras una deuda que está pagando a costa de recortes y
reformas no puede sino alegrarnos. Entendemos sin embargo que se trata
de propuestas distintas que, aunque complementarias, se dotan de
metodologías y aspiran a objetivos diferentes.
De la misma manera resulta importante que conceptos como el de deuda ilegítima (así, sin comillas)
dejen de ser de uso casi exclusivo por parte de activistas y
movimientos sociales, y pasen a formar parte del vocabulario de partidos
políticos y ciudadanas en general. Sin embargo, entendemos que quién y
cómo se definen esas deudas ilegítimas no debe ser algo que quede sólo
en manos de las instituciones o de los partidos políticos, sino que debe
ser fruto de un debate ciudadano amplio y participativo.
Una Auditoría Ciudadana es …
Desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda
¡No Debemos! ¡No Pagamos! (PACD) proponemos el proceso de Auditoría
ciudadana como un instrumento, un mecanismo al alcance de toda la
población para analizar de manera crítica la política de endeudamiento
llevada a cabo por las autoridades de nuestro país, así como el impacto
de esta política sobre la población. No queremos que la auditoria se
limite a un análisis de expertos de datos financieros, sino que
proponemos un análisis más amplio y profundo que abarca desde los
recortes en los derechos fundamentales de los ciudadanos, en el medio
ambiente y la falta de transparencia, hasta el derecho de control que
tienen los ciudadanos sobre aquellos que gobiernan, y promover con ello
una participación más activa en los asuntos públicos. La auditoría
ciudadana la entendemos como un proceso para, colectivamente, comprender
cómo hemos llegado hasta la situación actual, qué impactos económicos,
sociales, culturales, ambientales, de género y políticos ha tenido el
proceso de endeudamiento. Sólo a través de esta comprensión colectiva
podemos, desde una ciudadanía informada, proponer alternativas que
realmente respondan a las necesidades e intereses de la población (y no
de los mercados, las élites económicas y los acreedores). Una auditoría
no como una tarea de expertos, sino como un proceso ciudadano de
educación popular y empoderamiento, por el que recobremos el control
sobre nuestra economía y nuestras vidas, sobre el modo en que
producimos, el modo en que consumimos y en definitiva nos relacionamos
con el entorno.
El objetivo no es tan sólo dirimir entre
deudas legítimas e ilegítimas, sino denunciar un sistema financiero y
un funcionamiento de las instituciones supuestamente democráticas que
atenta contra el bienestar y los derechos de la población, a la vez que
nos debe permitir construir nuevos modos para evitar caer de nuevo en
endeudamientos ilegítimos. El movimiento ciudadano que se constituyó
hace un año de forma explícita en la PACD, nació con el objetivo de
promover un cambio del modelo económico y social. Entendemos que la
denuncia del mecanismo de endeudamiento que cimienta el sistema
económico mundial y que genera profundas injusticias, es un elemento más
en esa lucha contra el sistema capitalista y la ideología neoliberal.
La auditoría ciudadana nos debe permitir aportar nuestro grano de arena a
un nuevo paradigma económico que no se base en la deuda. Queremos
también contribuir a la recuperación de la soberanía de la ciudadanía, a
través de espacios de aprendizaje y de democracia participativa,
dotando a la sociedad de una herramienta de empoderamiento a través de
la cual luchar por la transparencia, la democracia y la justicia social.
Obviamente nuestro objetivo final es conseguir “no pagar la deuda
ilegítima y denunciar a los culpables, exigiendo responsabilidades”,
pero hacerlo desde la base, con una mayoría de la población respaldando
esa demanda.
Lo queremos hacer además sin limitarnos a
un ámbito territorial (el estatal, autonómico o local), sino abordando
los diferentes espacios de endeudamiento institucional, desvelando que
este problema es el resultado de una dinámica económica y política que
va más allá de nuestras fronteras. Nuestra crisis es la de Grecia,
Chipre, Portugal o Islandia, pero también la de Argentina, Ecuador,
Túnez, Zimbabue o Filipinas. Si la deudocracia es global, los procesos
de auditoría también lo deben ser, y por ello nos coordinamos desde
abajo con otros movimientos similares a través de redes como ICAN (Red Internacional de Auditorías Ciudadanas de la Deuda)
El proceso de auditoría ciudadana que
proponemos desde la PACD está aún por armar, porque la estamos armando
entre muchas. Queremos que paralelamente al trabajo de análisis de la
deuda del Estado se realicen auditorías sectoriales (sanidad, educación,
medio ambiente, de género, eléctrica…) o de diferente ámbito
(municipal, autonómico y estatal), lo que hace más relevante trabajar en
colaboración con el resto de movimientos y unir fuerzas, recursos y
esfuerzos. Cada movimiento ciudadano, cada lucha sectorial, cada comité
de trabajadoras, cada asamblea local, constituye una fuente de
información de primera mano sobre lo que ha envuelto al proceso de
endeudamiento de las diferentes instituciones públicas, así como acerca
de los principales impactos de la deuda y de las medidas de austeridad
impuestas para pagar esa deuda. En este sentido, entendemos que el
proceso de Auditoría Ciudadana debe estar abierto a todas, incluidos
partidos políticos (siempre y cuando no sean parte implicada en el
proceso de endeudamiento que se esté auditando).
Entendemos que las propuestas de
Auditoría de la deuda pública que presentan los diferentes partidos
políticos en las instituciones no suplen sino que complementan la tarea
de la Auditoría Ciudadana. Es importante que, en caso de conseguirlo,
las auditorías institucionales sean transparentes y permitan a la
población acceder a la información y documentación que facilite el
proceso de auditoría ciudadana. A la vez sería deseable que se reconozca
el trabajo ya realizado por la ciudadanía, sea en el marco de la PACD o
fuera de ésta, a la hora de proponer en una institución una Auditoría
de la Deuda Pública. Vemos muchas posibilidades de colaboración entre
los dos procesos, siempre y cuando haya ese reconocimiento al proceso
ciudadano, puesto que será la ciudadanía la que en última instancia deba
determinar qué deudas son ilegítimas y por tanto no deban ser pagadas.
Una deuda es ilegítima cuando …
“Entendemos que hay indicios más que
suficientes de ilegitimidad en la generación de deuda que el Gobierno
español, junto con la UE o los gobiernos autonómicos y locales, están
utilizando como justificación para aplicar sus políticas de austeridad.
Por eso, exigimos el derecho a saber, a conocer los detalles del proceso
que nos ha llevado a esta situación y para ello proponemos la
realización de una Auditoría Ciudadana de la Deuda, auditoría que nos
permitirá evidenciar la ilegitimidad de esta deuda y tener a la vez más
fuerza para exigir el NO PAGO de la DEUDA“.
Así se presentaba la PACD cuando hace un año celebró su primer
encuentro estatal con más de un centenar de activistas de todo el
Estado. Pero, ¿qué entendemos por deuda ilegítima?
Desde hace años los movimientos sociales
del Sur y del Norte vienen denunciando que no todas las deudas deben
ser pagadas. Existen deudas que comportan violaciones de derechos
humanos y derechos económicos, sociales y culturales de la población,
que atentan contra el desarrollo de una vida digna, que generan
desigualdades, beneficiando a una élite mientras perjudican a la mayoría
de la población, que atentan contra la soberanía o que son producto de
corrupción o de la mala gestión del gobierno. Estas deudas pueden ser
consideradas ilegítimas, injustas o incluso contrarias a los principios de derecho internacional.
Hay deudas que incluso se pueden
considerar odiosas. Según el derecho internacional y la doctrina
elaborada por Alexander Sack en 1927 una deuda puede ser considerada
odiosa cuando: (1) haya sido contraída por un régimen despótico,
dictatorial, con el objetivo de consolidar su poder, (2) en contra del
interés de la ciudadanía y/o en el interés personal de los dirigentes y
de las personas próximas al poder, y (3) con el conocimiento del destino
odioso de los fondos prestados por parte de los acreedores (debe
cumplir estas tres condiciones).
A diferencia del concepto de deuda
odiosa, la deuda ilegítima no es un concepto técnico o jurídico,
definido por expertos técnicos, sino que es un concepto ideológico,
político. Está en manos de la ciudadanía definir en cada momento
histórico aquello que es racionalmente injusto y por tanto ilegítimo.
Por ello desde la PACD trabajamos con un concepto de deuda ilegítima que
va evolucionando a medida que vamos avanzando en el proceso de
Auditoría Ciudadana, y que no abarca tan sólo los aspectos financieros
de la deuda.
En este sentido, entendemos que el
concepto utilizado por Compromís en el informe que recién han publicado,
limita en exceso lo que se entiende como deuda ilegítima. “Es deuda
ilegítima todo el dinero que la Generalitat Valenciana ha inyectado para
financiar y/o equilibrar el déficit (pérdidas) por la negligente
gestión de sus empresas públicas mediante ampliaciones de capital
(adquisición de acciones o participaciones) y también el dinero prestado
a terceros sin que hagan nada para que lo devuelvan”. Esta definición
excluye por ejemplo la deuda en que ha incurrido la Generalitat
Valenciana para financiar infraestructuras inútiles o en la que haya
habido corrupción, malversación de fondos o mala gestión. De la misma
forma, la propuesta presentada por Izquierda Unida en el Congreso en
nombre del grupo Izquierda Plural parte de la misma concepción de deuda
ilegítima (aunque en ocasiones se confunde en la proposición no de ley
con el de deuda odiosa), limitándolo a la deuda adquirida “no para hacer
frente a los gastos corrientes o de inversión en la economía real sino
para prestar el dinero de nuevo en condiciones favorables a sujetos
privados cuyos intereses no son necesariamente coincidentes con los de
los ciudadanos”. Al limitar el ejercicio de auditoría a una serie de
cálculos financieros han limitado también el alcance de lo ilegítimo.
Como reconoce la propuesta de IU en el Congreso de Diputados, dicho concepto se deriva del informe del técnico de hacienda D. Agustín Turiel.
Pero dicho informe concluye que “En realidad la deuda pública ilegítima
es mucho mayor: este informe no ha examinado (…) la ilegitimidad por
otros conceptos que los estrictamente económicos”. Si bien estos
ejercicios de auditoría financiera son interesantes, es importante dejar
claro que el concepto de deuda ilegítima no puede limitarse a ello.
Entendemos además que una deuda se puede
originar a través de mecanismos justos, pero esa deuda no puede
considerarse legítima si su pago condiciona el bienestar e incluso la
supervivencia de la población. Las deudas no “deben ser pagadas” a costa
de los derechos, y mucho menos en contra de la voluntad de la
ciudadanía.
Consideramos que la legitimidad de las
instituciones y de aquellos que ostentan el poder político debe emanar
de la ciudadanía. Sin embargo vivimos en una época en que las
instituciones supuestamente “democráticas” han perdido toda su
legitimidad, porque actúan en perjuicio de su ciudadanía, y a falta de
ésta legitimidad recurren a la coacción. En ausencia de referentes para
legitimar las políticas, la única legitimidad que sigue viva, la única
que podemos invocar, es la que emana de la voluntad del pueblo. Y por
tanto debe ser esta voluntad popular la que defina qué deudas deben ser
pagadas y cuáles, por el contrario, deben ser consideradas ilegítimas y
por tanto deben ser anuladas. Somos por tanto la ciudadanía la que pone
la medida de lo que se debe pagar y de lo que sencillamente hay que
repudiar.
Y por todo ello abogamos por una auditoría ciudadana que defina desde la base qué es la deuda ilegítima.
La Auditoría de la deuda, patrimonio de nadie, herramienta para todas
Desde la PACD no pretendemos dar
lecciones a nadie ni imponer nuestra visión de cómo creemos que debe ser
una auditoría de la deuda (ciudadana) y quién debe definir qué deudas
son ilegítimas (la ciudadanía) ni cómo (desde abajo y
participativamente). Entendemos que la Auditoría de la deuda es una
herramienta que puede cumplir múltiples funciones, adoptar múltiples
metodologías y realizarse en espacios muy diversos.
Siendo importante distinguir entre las
propuestas que algunos partidos políticos han realizado en los
parlamentos autonómicos, del Estado y Europeo, y la propuesta de
Auditoría Ciudadana, vemos que ambas son propuestas complementarias, que
no deben competir sino cooperar y retroalimentarse. Pero entendemos
también que es importante no limitar el concepto de deuda ilegítima a
una cuestión técnica ni económica como se viene definiendo en esos
procesos institucionales. Cada proceso de auditoría establecerá los
límites de aquello que considera ilegítimo, pero al final será la
ciudadanía la que marque dónde está el límite de lo que no se puede
aceptar, de lo que no debemos y por tanto, no pagaremos.