por Carlos Arribas Ugarte, Manuela López Andújar, Antonia Molina Habas, Llanos Frías López, Fernando Patón Villarroya y Manuel Girón en representación de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute del País Valencià (Alacant)
Se dice que no hay
dinero. Todas las políticas de recortes (especialmente las de sanidad,
educación, salarios y pensiones) se justifican por la necesidad de
controlar el déficit y pagar una deuda, en continuo crecimiento, que
permita tranquilizar a los mercados. Sin embargo, esta justificación es
sencillamente falsa.
Sabemos que lo que se está haciendo es pagar
con dinero público deudas privadas, la estafa fallida de la burbuja
inmobiliaria de los bancos y demás entidades financieras. Es el poder de
estos agentes lo que domina la vida social y política. Las últimas
pruebas del control de las finanzas y de los mercados sobre la vida
pública son, por una parte, la entrega de más dinero con una disminución
de la tasa de interés del 0,75 al 0,5% por parte del Banco Central
Europeo a dichas entidades, una política que sólo sirve para cubrir sus
pérdidas y facilitar que continúen acumulando y especulando. Por otra,
el rechazo de la reforma de la injusta ley hipotecaria. Se trata en
definitiva de un gran robo a la ciudadanía, un robo organizado por la
banca, las entidades financieras y las multinacionales utilizando para
ello la Administración central del Estado y las instituciones
internacionales (Comisión Europea, Banco Central y Fondo Monetario
Internacional). Frente a estas políticas, los gobiernos autonómicos y
municipales, así como los patronales y los sindicatos mayoritarios o las
han avalado o no han sido un freno.
La alternativa que propone
la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda y el 15M es la
paralización del pago de la deuda pública y el inicio de un proceso de
control ciudadano de las cuentas públicas, independiente de las
instituciones, que determine la parte que no ha de pagarse por
considerarse ilegítima. Ésta es la única política responsable. El
Ayuntamiento de Alicante, a diferencia del de Alcoi y Muro, se opuso a
la aprobación de una moción, y voces diversas se alzaron en contra de su
realización, poniéndose en entredicho el significado de la auditoría
ciudadana.
La auditoría es un instrumento de control ciudadano
que permite entender el origen de la deuda pública. Su importancia
radica tanto en conseguir una salida de la crisis a favor de la gente
trabajadora como en el proceso democrático y de empoderamiento de la
ciudadanía en el que se basa. La auditoria se centra en la
identificación de la deuda ilegítima. Numerosas deudas son ilegítimas
porque han sido contraídas violando el derecho y/o porque no han
beneficiado a la población. Aquí incluimos, por ejemplo, las deudas
resultantes de una política fiscal regresiva o el rescate financiero de
bancos y grandes empresas con fondos públicos.
Algunos partidos
se han mostrado a favor de la auditoria pero su planteamiento resulta
pobre. Pobre en tres sentidos: en el concepto mismo de deuda ilegítima
que utilizan, en el tipo de proceso que proponen, de donde se excluye a
la ciudadanía como el agente principal, y en la falta de un
pronunciamiento allí donde gobiernan que muestre la rebeldía necesaria
contra el gobierno central y contra las instituciones europeas para
declarar la moratoria del pago. Por otra parte, las instituciones no
pueden llevar a cabo este proceso, pues históricamente, junto a los
agentes sociales a ellas vinculados, siempre se han opuesto a cualquier
cambio social significativo, solo logrado mediante la movilización
ciudadana.
Además, el alto nivel de clientelismo y corrupción
oculta, invalida la participación en un primer nivel de análisis y
decisión de la auditoría, de aquellas instituciones o agentes sociales
cuya vida o supervivencia dependa de la Administración y de las
entidades financieras. Tampoco la simple reactivación de los órganos de
participación ciudadana existentes y ninguneados por las
administraciones sería una medida eficaz.
Por ello, y por el
grado de deliberación colectiva y de desobediencia imprescindible para
llevarla a cabo, la auditoría tiene que ser realizada de forma directa
por técnicos y por una ciudadanía que sean independientes de las
instituciones. Agentes principales serían el tejido asociativo y
aquellos movimientos sociales activamente implicados en la lucha contra
las políticas de austeridad y de contrarreforma laboral, las mareas,
colectivos de gente trabajadora, consumidores, usuarios, así como otros
colectivos habitualmente excluidos de los procesos de decisión.
Existen
procedimientos de deliberación y decisión ciudadana diseñados para
facilitar la participación real del conjunto de la ciudadanía activa,
como los procesos de participación popular aplicados en Elx 2008, el 15M
o Porto Alegre, que podrían servir para desarrollar la auditoría.
En
el proceso de auditoría ciudadana el análisis de la deuda del Estado es
el tema central, pues las políticas de austeridad y de privatizaciones
que tienen lugar en otros ámbitos territoriales dependen de las
políticas aplicadas por la Administración central. Paralelamente, se
deben realizar auditorías sectoriales (sanidad, educación, medio
ambiente, de género, compañías eléctricas) y en los niveles autonómico y
local.
Estos procesos requieren trabajar en colaboración con el
resto de movimientos para unir recursos y esfuerzos. Cada movimiento
ciudadano, cada lucha sectorial, cada comité de trabajadores, cada
sección sindical, cada asamblea local, constituye una fuente de
información sobre los procesos de endeudamiento, de recortes y de
privatización de las diferentes instituciones públicas. Además,
entendemos que las propuestas de auditoría de la deuda pública que
presentan diferentes partidos políticos en las instituciones, en caso de
llevarse a cabo, deben sacar a la luz información habitualmente oculta y
permitir su acceso a la población para facilitar el proceso de
auditoría ciudadana.
La Auditoría ciudadana constituye un eje
central para caminar hacia un nuevo modelo social y económico, para
unificar las luchas contra el paro, los recortes y las privatizaciones,
para evitar la extensión de actitudes populistas. En definitiva para
recobrar el control sobre nuestras vidas.