por Iolanda Fresnillo, Tom Kucharz
publicado el 30 de octubre de 2013 en El País
publicado el 30 de octubre de 2013 en El País
Los ajustes estructurales que se vienen aplicando
desde 2010 en nuestro país violan los derechos humanos. No lo denuncian
solo los movimientos y organizaciones sociales. Lo ratifica el Centro por los Derechos Económicos Sociales y Culturales
en su informe de 2012 para Naciones Unidas: “La crisis económica y las
respuestas del gobierno han puesto en peligro la capacidad de una gran
parte de la población para ejercer sus derechos, especialmente el
derecho al trabajo y a unas condiciones laborales decentes, el derecho a
un nivel de vida adecuado y el derecho a una vivienda asequible”. Lo
corrobora también el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de
Europa, Nils Muiznieks: “En España, la austeridad tiene impacto negativo en los derechos humanos”.
Los recortes en sanidad,
educación, dependencia, vivienda, atención a las víctimas de la
violencia machista y otros derechos sociales se producen con la excusa
del déficit y en el marco de un proceso de creciente deuda pública. El
pago de los intereses previstos para 2014 es de 36.590 millones de
euros, el 11% del presupuesto, la segunda partida después de las
pensiones. De 2008 a 2012 llevamos gastados 113.156 millones de euros tan solo en intereses. Al mismo tiempo, los recortes en política sociales
superan los 120.000 millones, si contamos desde 2010 a 2013. La otra
cara de la moneda es el incremento de la pobreza y las desigualdades. La
población en riesgo de pobreza ha aumentado del 19,6% en 2007 al 21,1%
en 2011 (cinco millones de personas).
La reforma de la Constitución pactada por el PP y PSOE en agosto de 2011 entra en plena contradicción cuando contrastamos el nuevo artículo 135.3 (que garantiza que el pago de la deuda y sus intereses gozarán de “prioridad absoluta”) con los artículos de su Título Primero (De los derechos y deberes fundamentales),
en el que se recogen el derecho a la educación, a la salud, a una
vivienda y, en definitiva, a una vida digna, entre muchos otros. El
artículo 135.3 también establece que la deuda no podrá “ser objeto de
enmienda o modificación”.
Se blinda así el pago de la deuda presentando los recortes en
políticas sociales como un mal necesario para “tranquilizar” a los
mercados y a la comunidad internacional (léase, la Troika)
y “cumplir” con la constitución. Y de esta forma se perpetúa la
violación de los derechos humanos, incumpliendo con la obligatoriedad de
todo Estado de protegerlos y garantizarlos. La deuda se vuelve entonces ilegítima y da incluso argumentos jurídicospara no pagarla si hubiese voluntad política para hacerlo.
Esta situación no es exclusiva del Estado español. El relator
especial de Naciones Unidas sobre la deuda externa y los derechos
humanos afirmó en su informe de mayo de 2013 que las condiciones de los
rescates de la Troika a Grecia estaban violando los derechos humanos.
Y el Consejo de Derechos Humanos adoptaba hace poco más de un año una
“resolución” en la que afirmaba que “la deuda de los países en
desarrollo ha mermado su capacidad para crear las condiciones que se
requieren para el ejercicio de los derechos humanos, en particular los
derechos económicos, sociales y culturales”.
La conclusión es clara. Cinco años después del estallido de la crisis
financiera, el Gobierno español –junto al G20, la UE o el FMI- sigue
promoviendo políticas neoliberales injustas que ponen en peligro la
garantía de los derechos humanos. Para encontrar soluciones a la deuda que garanticen la justicia social necesitamos un cambio de sistema.
Respuestas a la crisis que pongan en el centro el rescate a las
personas y no a los bancos y a la industria financiera. Una regulación
estricta del sector financiero con pleno control democrático, de manera
que esté al servicio de la sociedad. Mecanismos que nos sirvan aquí y al
resto de pueblos del mundo que siguen viviendo bajo el yugo de deudas
ilegítimas que perpetúan diferentes formas de violencia y miseria para
la mayoría de la población mundial. Mecanismos que pasen por no pagar
las deudas ilegítimas.
Esta entrada ha sido escrita por Iolanda Fresnillo (@ifresnillo) y Tom Kucharz(@TomKucharz), miembros de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda
¡No Debemos! ¡No Pagamos! (@AuditCiudadana). Es parte de la serie que
@3500M está haciendo sobre los Presupuestos Generales para 2014.