Contra el dogal de la deuda

por Enric Llopis,

La Plataforma Auditoría Ciudadana presenta el libro “¿Por qué no debemos pagar la deuda? Razones y alternativas”.

Todo empieza con la financiarización. La entrega del poder casi absoluto de la economía al capital financiero. Desde la década de los 80 hasta la actualidad, los países más financiarizados del planeta -Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón y Alemania- vieron como se disparaba el volumen de sus activos financieros respecto al PIB. En 2005, los beneficios de los bancos en Estados Unidos representaban cerca del 40% de los beneficios empresariales. Esto condujo en buena medida a la crisis de 2008. ¿Qué ha ocurrido a partir de entonces, por ejemplo, en Estados Unidos? Las medidas de Obama, y los rescates en general, han servido para relanzar los réditos de la banca, que se recuperaron y retornaron, ésa es la tendencia, a los niveles previos a la crisis.

La financiarización, no siempre se explica, está en la base de la crisis de la deuda. Los inicios del proceso se remontan a la década de los 70, con la tendencia acusada a la eliminación de las limitaciones crediticias, lo que contribuyó a la expansión del sector financiero. A ello se agrega el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información (que aceleran la compra-venta de títulos y acciones) y, no debe olvidarse, en una época en que se disparan los precios del petróleo. En los 80 la Reserva Federal norteamericana eleva los tipos de interés. Esto produce un efecto perverso: aumenta el valor de los pagos de la deuda en dólares. Además, como consecuencia de la crisis, se produce una caída en los precios de las materias primas. Es una concatenación de factores que aumenta la deuda de los países de la periferia.

La respuesta a estos procesos de endeudamiento aparece en el recetario del “Consenso de Washington”. Se trata de ofrecer préstamos, por parte del FMI y el Banco Mundial, bajo condiciones leoninas: austeridad, liberalización y privatizaciones. Recortes en el gasto público, liberalización de los sectores estratégicos y desregulación de las finanzas y del mercado de trabajo. Neoliberalismo en estado puro. “Unas medidas que hoy están muy vigentes”, afirma el economista y activista de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, Sergi Cutillas, que ha presentado en Valencia el libro “¿Por qué no debemos pagar la deuda? Razones y alternativas?” (Icaria).

Los efectos de la política de recortes y austeridad no contiene, a partir de las evidencias empíricas, mayores misterios. Sobre la deuda externa de los países del Sur (global), resultan devastadores. Si en los años 70, el 10% del PIB de estos países lo representaba la deuda externa, en 1998 se elevaba el porcentaje al 40%. “Parece que los objetivos de los planes de austeridad es mantener a los países del Sur atrapados en dinámicas de deuda, para luego hacerlos depender de las quitas de los acreedores; estas quitas son siempre pequeñas, para que la espiral de dependencia no disminuya”, explica Sergi Cutillas.

No menos caníbal y cruento es el impacto sobre la vida de las personas. Entre 1980 y 1990, según reseña Yolanda Fresnillo en el artículo “La deuda, un lastre para el desarrollo”, el número de personas viviendo bajo el umbral de la pobreza en América Latina se incrementó de 144 a 211 millones. En África, el número de personas viviendo en extrema pobreza (menos de 1,25 dólares al día) se incrementó de 205 millones en 1981 a 330 en 1993. Además, el crecimiento económico fue “negativo” en las dos regiones (-0,5% en América Latina y -1,5% en África entre 1980 y 2000). Concluye Sergi Cutillas que, según algunos estudios, “el FMI ha matado a más personas que las dos guerras mundiales juntas; se trata de instituciones que hacen valer las finanzas como mecanismo de intervención neocolonial”.

El economista catalán resume, a grandes trazos, el cuadro de los impactos de la deuda sobre el Sur global. Algunos países africanos vieron cómo a mediados de 2000 se cancelaba una parte de su deuda, pero continuaban atrapados en la espiral. Otros países -por el incremento en el precio de las materias primas- experimentaron una reducción en el tamaño del endeudamiento (por ejemplo, Brasil). Otros, como Argentina en los años 2000 o Ecuador en 2008, realizaron impagos y renegociaron sus deudas. En este último caso, llegaron a implementarse Auditorías. Pero hay ejemplos no tan conocidos de encarnizamiento sobre las poblaciones a partir de mecanismos de endeudamiento. Jamaica, como explican Damien Millet y François Mauger, en un artículo titulado “¿Qué relación puede haber entre el reggae y el FMI?”: “El pago de la deuda (interna y externa) absorbe aproximadamente más del 64% del presupuesto del año 2003-2004, contra sólo un 9% destinado a la educación y un 4% destinado a la salud. En otras palabras, Jamaica consagra al reembolso de la deuda 7 veces más de lo que invierte en su sistema educativo y 16 veces más que a los gastos de salud”.

Sergi Cutillas extrae una conclusión general, aplicable a las medidas del “Consenso de Washington” que hoy aplica la Troika en la periferia de Europa: “La austeridad y la liberalización siempre empeoran la situación económica y humanitaria; en consecuencia, las deudas generadas -injustas, ilegítimas e insostenibles- no deberían pagarse”. Pero, además, “deben imponerse ya controles al sistema financiero para que el desastre no se repita”.

En el libro “¿Por qué no debemos pagar la deuda? Razones y alternativas”, Uli Wessling y Sergi Cutillas dedican un capítulo de 14 páginas a la deuda en el estado español. El endeudamiento público en España ronda actualmente el billón de euros (100% del PIB). Pero durante la primera década de 2000 (antes de la crisis de 2008) no superaba el 40% del PIB, una tasa inferior a la de Francia, Alemania, Estados Unidos o Inglaterra. Conclusión: fue la crisis la que disparó la deuda en el estado español. Por tanto, la crisis no tiene su origen en un exceso de endeudamiento público, como pretende la ortodoxia neoliberal, sino al contrario. Es más, en el Tratado de Maastricht (1992) se establecía que el endeudamiento público no podía sobrepasar el 60% del PIB. España cumplió con esta condición, no así Alemania (lo superó tres veces) ni Francia (lo incumplió en dos ocasiones).

La resaca del “boom” inmobiliario y la burbuja del ladrillo en España. En la década comprendida entre el ingreso de España en la moneda única y el estallido de la crisis, el volumen de préstamos hipotecarios suscritos pasa de 100.000 a 600.000 millones de euros. A juicio de Sergi Cutillas, “una auténtica locura; porque antes de la “burbuja” la gente también vivía en casas, no en cuevas”. Se trata, seguramente, de la “burbuja” inmobiliaria mayor de la historia, remata. A este proceso no es ajeno el ingreso de España en el euro (2000). Al contrario. “Antes de formar parte de la moneda única -explica Cutillas- este país se caracterizaba por unos altos tipos de interés, debido a la poca confianza internacional en la peseta y en la solvencia de la economía española”. Con la entrada en el euro, añade, la media de los tipos de interés se reduce del 10% al 3%. Y los flujos de capital financiero alemán, francés y británico, entre otros, riegan una economía basada en la construcción como monocultivo. El caldo de cultivo idóneo para la “burbuja”.

El economista desmiente en su artículo uno de los grandes tópicos propalados como hermenéutica de la crisis: la culpabilidad exclusiva del sector público. De hecho, la deuda privada, que alcanza el 325% del PIB, supera con mucho la deuda pública (en torno al 100% del PIB). Se puede desglosar en un 126% de sociedades no financieras, un 113% de sociedades financieras y un 85% de deuda de las familias. “Estas cifras evidencian que la crisis española fue causada, como en la mayoría de países sumidos en la presente crisis, por un exceso de endeudamiento privado, no público”.

Cuando se achaca a la deuda pública el origen de la crisis, tampoco se hila demasiado fino. Se pasan por alto evidencias tales como los recursos públicos inyectados en el sector financiero de la economía. El gran especialista en la materia, Carlos Sánchez Mato, cuantifica las ayudas públicas al sector financiero en 1,42 billones de euros (1,34 billones de euros en liquidez) y 87.000 millones de euros en solvencia. Se incluyen en estas cuentas adquisición de activos, garantías y avales, préstamos o inyecciones de capital. Llama la atención Sergi Cutillas sobre el hecho de que únicamente se hable, en los medios oficiales, de los 57.000 millones de euros insuflados por la Unión Europea en concepto de “rescate”, mientras se obvian las cifras antes citadas. Mientras, el gran tajo en sanidad, educación, dependencia y servicios sociales ronda los 70.000 millones de euros.

Pero los grandes números pueden abocar a la melancolía, cuando no a la desesperación, si de inmediato no se exhibe el capítulo de alternativas. ¿Se ha de pagar siempre una deuda? ¿Se trata de un dictado inapelable? “Debe abonarse sólo si el deudor tiene menos poder que el acreedor”, responde Sergi Cutillas. Al menos, así ha sucedido históricamente. “La clase dominante intenta asociar la deuda con la moralidad; el endeudamiento equivale a culpa, y ésta a pecado”. El antropólogo y activista estadounidense David Graeber ha estudiado de qué modo se formulan estas ecuaciones. Existe una tipología. La deuda “odiosa” se corresponde, a grandes rasgos, con la que contraen las dictaduras. Pero la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda prefiere la noción de deuda “ilegítima”, ya que “la suscriben gobiernos que se nos presentan como democráticos”.

Es la contraída por ejecutivos que destinan los recursos públicos con criterios diferentes a los del interés general; deuda cuya responsabilidad cabe achacar a una élite; relacionada con la violación de los derechos humanos, la corrupción o generada por una fiscalidad regresiva, entre otras causas. La alternativa formulada son las Auditorías, pero entendidas no como una herramienta oficial o en manos de gobiernos, sino como instrumento de participación y empoderamiento de la ciudadanía.

Según Sergi Cutillas, se trata de “analizar los presupuestos de los gobiernos y las políticas de endeudamiento, e implementar propuestas alternativas que respondan a los intereses de la población; pero para ello, resulta imprescindible un proceso popular pedagógico”. Porque “entender las cuentas públicas puede resultar farragoso, pero al final consiste en matemática básica; los mecanismos de endeudamiento son en definitiva muy elementales; lo que ocurre es que se suelen interponer muchas barreras lingüísticas, pero nuestro trabajo radica en franquearlas y que la gente adquiera nociones de cultura financiera”.

También es muy importante “crear red”. La Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda se estructura en nodos de actuación local, actualmente existentes en Alicante, Asturias, Valencia, Logroño, Madrid, Barcelona, Tarragona, Badalona, Guadalajara, Navarra, Galicia, Bizkaia, Córdoba y Zaragoza, entre otros. Además, se organizan periódicamente encuentros de coordinación en los que se comparten líneas de trabajo. Para que la impugnación a las deudas “ilegítimas” y la necesidad de Auditorías llegue a la gente, subraya Sergi Cutillas, “hacemos un trabajo de hormiga; charlas artículos, algún libro, presentaciones, apoyo a grupos de personas para la creación de nuevos nodos, etcétera”. Sobre todo, “presionar al mundo de la política y señalar a los responsables, como muy bien ha hecho el movimiento antidesahucios”. Tampoco las Auditorías constituyen un fin en sí mismas. Son una herramienta más. Que se inserta en un planteo global de reconfiguración de la sociedad y la economía.

Fuente : Rebelion