"Quien se pronuncia por el camino reformista en lugar de y en oposición a la conquista del poder político y a la revolución social no elige en realidad un camino más tranquilo, seguro y lento hacia el mismo objetivo, sino un objetivo diferente: en lugar de la implantación de una nueva sociedad, elige unas modificaciones insustanciales de la antigua." Rosa Luxemburgo

jueves, 11 de junio de 2015

Lo que está en juego cuando auditamos la deuda griega

por Daniel Albarracín, Sergi Cutillas

En los pasados días 4 al 7 de Mayo se produjo el segundo encuentro del equipo auditor internacional y griego en el Parlamento Heleno para contrastar los primeros esquemas e informes obtenidos en el trabajo de evaluación de la situación de la deuda pública del país.

Mediante sesiones de trabajo y en plenario los diferentes grupos de analistas, bajo la coordinación de Eric Toussaint, compartieron sus principales hallazgos. La auditoría culminará en un informe, con una Conferencia de Prensa Internacional el próximo 18 de Junio en Atenas. A esta Conferencia le han mostrado su apoyo más de 300 personalidades mundiales. Servirá para dar cuenta del estado de la cuestión, del origen, usos, y condiciones que caracterizan el endeudamiento de aquel país y de la pertinencia y alcance de su devolución.

El comité está organizado en grupos que analizan los diferentes acreedores de la deuda griega, indagan acerca de los diferentes indicios de ilegalidad, ilegitimidad, odiosidad e insostenibilidad social de la deuda, desde un punto de vista macroeconómico, financiero y de los impactos en los derechos humanos.

Hemos dado cuenta de los procesos que han dado pie al crecimiento de la deuda pública griega, enmarcados en unas políticas macroeconómicas y financieras que profundizaron los negativos efectos de una crisis sin parangón de la economía capitalista europea. Hemos indagado sobre la conducta y carácter de los acreedores y de la tipología de deudas contraídas, sus condiciones y sus efectos. Algunas hipótesis parecen confirmarse y otras han dado pie a nuevas preguntas que nos permitirá en Junio alcanzar resultados consistentes y contundentes.

La economía griega está sacudida por los efectos demoledores de, en un contexto de crisis europea, dos memoranda de entendimiento, fraguados en 2010 y 2012, que han ahogado, en un castigo impropio de un entorno democrático, a la población griega. Han impuesto unas condicionalidades que, al mismo tiempo que han sostenido artificialmente el funcionamiento de la banca griega, han extendido políticas de austeridad, privatización y deterioro de los servicios públicos y las relaciones laborales, hasta el punto de dañar gravemente los derechos humanos en Grecia, tal y como el profesor Cephas Lumina afirmó en el encuentro.

Anteriormente los principales acreedores de Grecia fueron privados. Pero eso cambió, según Patrick Saurin, sobre todo tras 2012, coincidiendo con el segundo programa de ajuste y el rescate que se produjo entonces. Los bonos antiguos fueron canjeados por nuevos. La estructura de la deuda griega fue reconvertida y pasó a manos de agentes públicos a escala internacional (préstamos bilaterales de otros Estados Miembros, del FMI, del BCE y el siniestro EFSF –FEEF con sus siglas en castellano-).
Su propósito era rescatar a la banca privada centroeuropea, dejando expuestos al riesgo a varios Estados miembros, el BCE o el FMI -que es acreedor senior, y es el primero en cobrar, siendo el riesgo principal para los Estados y el BCE-, que harían de colchón ante un probable default, dejando en una situación asegurada a los inversores privados que siguen comprando, en condiciones altamente garantizadas, los bonos emitidos por las entidades públicas. Claramente se puede poner de manifiesto que hay un procedimiento ilegítimo a este respecto, que conduce a una amplia operación paneuropea de socialización de pérdidas y que, con el conocimiento de las autoridades públicas firmantes –muy atentas a los requerimientos del mundo de las finanzas privadas-, quieren presentar como un conflicto entre pueblos. Sin embargo, de lo que se trata es de una acción deliberada de los bancos privados, sus lobbies que influyen o están presentes en el gobierno de las instituciones europeas o de diferentes países, y de los responsables políticos o gestores públicos. En suma, las oligarquías y sus esbirros, contra los pueblos europeos. Ello aconteció sin consulta democrática alguna antes de tomar esta decisión tan drástica, lo que benefició a los bancos privados y perjudicará al erario público de varios países y a las propias instituciones públicas europeas, cuyo pagadero será el contribuyente que no puede escaparse a paraísos fiscales, evadir impuestos o tener un trato fiscal favorable.

El FMI, como señaló Christina Laskaridis en el encuentro, en el paso del primer al segundo programa de rescate continuó facilitando créditos aun cuando sabía que el estado de la deuda era insostenible. En este periodo se ha generado, como diría el exasesor de Durao Barroso al que escuchamos recientemente en Bruselas, Phillippe Legrain, una prisión de deuda. Lo que importa es que se siga pagando todo lo que se pueda, y, ante todo, que la soberanía en materia de política económica se paute desde las corporaciones financieras y los gestores políticos y tecnócratas a su servicio.

Si se han producido discrepancias en la negociación entre el BCE y el FMI es fruto de una carrera para, en caso de default, no ser el primero en padecer el impago de un gobierno que hasta ahora ha cumplido, en el breve tiempo de su administración. Así que el pragmático FMI estaría dispuesto a reeditar un nuevo Plan Brady, una reestructuración tutelada del lado acreedor que, manteniendo el principal, dilate los plazos y alivie los intereses. Lo que haría permanecer la deuda, sostendría un hilo de reembolsos interesante, mantendría la dependencia económica duradera de Grecia, se seguiría imponiendo una política de austeridad y conseguiría un acuerdo que, en caso de default, dañaría antes a otros acreedores, como el BCE. La intransigencia del BCE que, en cambio, está dispuesto sólo a un acuerdo de mínimos en tanto que Syriza haga papel mojado sus líneas rojas, es fruto de políticos de países centroeuropeos que no quieren perder votos en sus países, en los que se ha adoctrinado en la supuesta “pereza” griega, o de cualquier otro “PIG”. Olvidando que las jornadas y condiciones laborales allí son de las peores del continente. Al BCE no le importa que el pago de la deuda sea insostenible, su único objetivo es derrocar financiera y políticamente a Syriza del gobierno y lanzar un mensaje a navegantes de que “no hay alternativa”. Pero la hay.

Con los préstamos bilaterales, de otros Estados Miembros a Grecia, enfrentamos claros indicios de ilegalidad e irregularidad, al contravenir el principio de que un país pueda cobrar deuda de otro país, según el marco regulatorio de la UE: afectando al art. 125 Sect 1 TFEU (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), enmendado en 2012.

Sin embargo, la operativa más siniestra es la configurada con el fondo EFSF (Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, FEEF en español), creado por 17 Estados Miembros, para facilitar financiación en especie a Grecia. Sin muchas dudas, este fondo no sólo rompe con el mencionado art. 125, sino que transgrede otros, al crear fondos para rescates soberanos (Art. 122 Sect. 2); o el art 136, que impediría incrementar las competencias de la Unión. También opera imponiendo una legislación europea, como puede ser el Pacto de Estabilidad o el Pacto fiscal sin adoptarla él mismo. Pero es más, el Acuerdo Marco del EFSF de 2010 afirma (Parte 6: Claims under a Guarantee. Punto 6. Página 20) que los Estados Miembros no se verán afectados si se reclaman sus garantías si participan en este fondo, admitiendo que incluye en su operativa procedimientos ilegales.

Este fondo –que tiene su sucesor en el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad, o ESM en sus siglas en inglés- se ha creado como una sociedad anónima privada con sede en el paraíso fiscal de Luxemburgo y bajo ley británica, saltándose así los Tratados de la UE y sirviendo para imponer unas duras condiciones a Grecia para su desembolso a largo plazo. La deuda tiene un plazo de amortización hasta 2054, y exige en torno a un 2% de tipo de interés –si bien su valor preciso no se ha publicado- y que se cobrará a partir de 2023. Los Estados miembros que conforman el fondo aportan hasta un 165% en garantías, para conseguir que inversores privados se animen a adquirir la emisión de sus bonos, y dicha financiación se traslada para financiar en préstamos a Grecia, aunque también se hace de forma directa en con diferentes títulos que actúan como dinero. Permitió en un inicio, sin aportar capital, sostener una alta calificación de los bonos emitidos (calificación AAA, aunque bajó significativamente poco después), parte de ellos adquiridos por bancos, inversores a largo plazo y fondos de pensiones, muchos de ellos asiáticos (principalmente japoneses), a un tipo en torno al 1%.

El EFSF fue puesto en pie sin consulta democrática alguna por lo que ya nace con naturaleza odiosa y se creó al margen de la ley y la regulación financiera europeas, el propio acuerdo de 2010 del EFSF se admite que infringe la ley, evitando así posibles denuncias dada su ilegalidad. Su objetivo era evitarle, de nuevo, pérdidas a los previos inversores privados y socializar pérdidas, y que pudiera prestar a un Estado directamente, eso sí, en condiciones elegidas por los países accionistas de dicho fondo, y con prácticas propias de un hedge fund. Las condicionalidades impuestas atacan derechos sociales e imponen una injerencia que va en contra de la soberanía nacional, en condiciones de chantaje y falta de consentimiento, lo que puede entenderse como un régimen de odiosidad.

Hay diferentes argumentos que plantean la ilegalidad del EFSF. Trasgrede el art. 125 Sect 1 TFEU, que impide que un país europeo rescate a otro con fondos públicos. Se han forzado otros artículos, como hemos señalado, justificando el rescate y sus condicionalidades como si fuese una situación excepcional (art. 122 Secc. 2 TFUE), de una manera sospechosa, cuando el incumplimiento del pacto de estabilidad es un hecho bastante extendido y recurrente en la UE, no sólo por Grecia. La provisión y continuidad de los préstamos del EFSF pueden interrumpirse si el FMI decide no proseguir su financiación a Grecia, haciendo que el FMI mantenga la última palabra. Con su aparición permite la entrada del FMI, un caballo de Troya estadounidense en Europa, tal y como advierte la auditora brasileña María Lucía Fatorelli. Los dirigentes del EFSF además gozan de prácticamente inmunidad, bajo cláusulas de secreto, y no pueden ser encausados judicialmente.

La provisión de estos préstamos se realiza en un contexto odioso de coerción e injerencia, en la que las condicionalidades no sólo se verifican regularmente en su aplicación para seguir desembolsándose, sin dejar margen de maniobra, sino también se modifican a lo largo del tiempo (hasta ahora hasta 4 veces), al ser con frecuencia replanteadas. Un hecho equivalente a la inseguridad jurídica a la que se apela en el derecho privado, en esta ocasión aplicable al ámbito público.

Se ha analizado también al BCE como acreedor de Grecia. 27 mil millones euros asciende la deuda en manos del BCE directa o indirectamente. Si bien hay una distancia con la deuda directamente en manos del BCE que asciende a 18 miles de millones de euros. Esto es lo que reclaman este valor porque piensan que el valor del total de estos préstamos sólo vale esta última cifra, según Olivier Bonfond.

2015 es el año en el que Grecia queda al margen del acceso a diferentes líneas de préstamos, quedando únicamente el ELA para financiar la continuación del funcionamiento bancario, en condiciones desfavorables y plazos exigentes de devolución. El QE no está al alcance de Grecia, lo que puede interpretarse como un ejercicio de discriminación y ruptura de la neutralidad e independencia del BCE (art. 130 TFUE) que adopta una posición política, tomando órdenes de algunos Estados, y sesgada a favor de las finanzas privadas centroeuropeas. El BCE no ha actuado de manera neutral e igual para todos los países miembros de la UE. Favorece a los bancos franceses y alemanes. El BCE en cualquier momento puede paralizar la provisión de liquidez si no se cumplen sus condiciones, una práctica contraria a las recomendaciones de la ONU.

En suma, el Estado griego ha de hacer frente a una vieja deuda a corto plazo, que le asfixia, y de cuyo pago depende para obtener otros desembolsos a largo plazo. Las instituciones europeas persiguen debilitar al Estado griego para que se doblegue. Aunque Tsipras ha decidido resituar a Varoufakis en las negociaciones, poniendo al frente de éstas a Tsakalotos (del ala izquierda de la mayoría) y se mantiene firme en que para alcanzar un acuerdo global han de quedar intactas pensiones y salarios, aún se guarda la improbable esperanza de que las instituciones europeas acepten un nuevo suministro de fondos –cuando no sucederá, salvo que Grecia retire sus líneas rojas-.

Hay muchas cosas en juego cuando Grecia decide evaluar la naturaleza y sostenibilidad de su deuda para calificarla, en la perspectiva de que será finalmente impagable. Para Grecia se decide su propia condición de existencia soberana y la pervivencia de los derechos humanos en el país, es cierto. Para las oligarquías financieras se comprobará si su proyecto autoritario podrá llevarse a efecto, no sólo para Grecia, sino para el conjunto de Europa, mediante el arma de la prisión de la deuda. Para la economía europea, un 2% de impacto en su PIB si hay impago y un probable contagio financiero de carácter sistémico si el BCE no actúa decididamente. Para la eurozona, su ser o no ser a medio plazo al quedar el euro seriamente herido si se expulsa a Grecia y se admite que no se salvará a ningún país en situación comparable.

Pero la población europea, engañada por sus gobernantes y el uso impropio, ilegítimo, odioso e ilegal, del BCE, del EFSF y de los préstamos bilaterales empleados a favor del privilegio particular, socializando pérdidas, se va a encontrar que tendrá que escoger: o acusar a los griegos por no devolver la deuda, o exigir a las instituciones europeas que encausen a los responsables –oligarquías financieras, gestores de instituciones europeas, oligarquías griegas-, que exija a los viejos acreedores que asuman sus pérdidas, y que los acreedores restituyan de lo que se han lucrado- así como se realice un impago selectivo a los inversores privados protegidos de manera espuria por la mayoría de gobiernos en Europa.