por Eric Toussaint, Begoña P. Ramirez
PREGUNTA. En 2007 España no tenía un problema de deuda pública –sólo equivalía al 35,5% del PIB–, pero desde entonces ésta no ha dejado de crecer y ya ha superado el 100% del PIB, el nivel más alto desde 1909. ¿Qué ha ocurrido para alcanzar ese registro histórico y qué consecuencias tiene un nivel tan elevado de endeudamiento para la economía de los ciudadanos?
P. ¿Y que debería hacerse ahora para evitar que siga desbocándose la deuda pública?
P. ¿Cómo se hace una auditoría de deuda? ¿Qué porcentaje de la deuda pública española podría ser ilegítima?
P. Hace sólo unos días estuvo en España un economista australiano, Bill Mitchell, para presentar su último libro, La distopía del euro, donde defiende que los países del sur de Europa vuelvan a sus antiguas monedas. Yanis Varufakis también acaba de presentar un libro, Y los débiles sufren lo que deben, donde sostiene la opinión contraria: Grecia, también Reino Unido, deben permanecer en la zona euro. ¿Cuál es su opinión: dentro o fuera?
P. ¿Y el Brexit?
P. Usted hizo la auditoría de la deuda griega y asesoró a Syriza. ¿Qué opina del viraje que ha dado Alexis Tsipras a su política económica?
P. La deuda griega alcanza ya nada menos que el 180% del PIB. El FMI lleva tiempo diciendo que es “insostenible” y que los objetivos fiscales que se le exigen a Atenas son irrealizables. Sin embargo, la UE, y Alemania, parecen decididas a no perdonarles un euro. ¿Adónde conduce esa política? ¿Qué futuro es el que espera a Grecia los próximos años?
P. Usted también asesoró al Gobierno venelozano cuando aún estaba Hugo Chávez en el poder. Las carencias de la población en el país son muy alarmantes. ¿Qué le parecen las últimas medidas adoptadas por Nicolás Maduro?
P. Explíqueme esa “deriva funesta” que critica en el Gobierno de Maduro.
Fuente: Infolibre.es
El politólogo y activista belga pide que sean “los
banqueros quienes paguen la factura de la socialización de las pérdidas
privadas”
Defiende el abandono del euro: “La experiencia griega demostró que no es
posible la reforma de la Unión Europea”
Los españoles se despertaron el pasado martes con otro récord histórico: los 1,095 billones de euros que deben las administraciones equivalen a la mayor deuda pública del último siglo. Por primera vez supera el 100% del PIB;
es decir, el Estado debe más de lo que el país produce. Así que no
puede ser más oportuna la visita de Éric Toussaint, portavoz de la red
internacional del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo
(CADTM), que este sábado viaja a Santiago de Compostela, invitado por
Alternativa Galega de Esquerda, los grupos políticos que integran la
coalición gallega En Marea.
Nacido en 1954 en Namur (Bélgica), Toussaint se crió en un pueblo
minero y pronto empezó su activismo sindical mientras ejercía de
profesor en centros públicos de Lieja. Es doctor en Ciencias Políticas y
uno de los fundadores del CADTM y de ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana). Su último libro, Bancocracia (Icaria Editorial), describe cómo la desregulación financiera condujo a la burbuja y cómo el dinero público ha salvado a los bancos privados con la complicidad de los bancos centrales y los gobiernos. En la capital gallega, el politólogo y activista explicará por qué no es lo mismo deuda pública legal y deuda pública legítima.
PREGUNTA. En 2007 España no tenía un problema de deuda pública –sólo equivalía al 35,5% del PIB–, pero desde entonces ésta no ha dejado de crecer y ya ha superado el 100% del PIB, el nivel más alto desde 1909. ¿Qué ha ocurrido para alcanzar ese registro histórico y qué consecuencias tiene un nivel tan elevado de endeudamiento para la economía de los ciudadanos?
RESPUESTA. La explosión de la deuda es el resultado
de la crisis hipotecaria y de la manera que se ha escogido para salir de
la crisis, socializando las pérdidas del sector privado. Las decisiones
del Gobierno de [José Luis Rodríguez] Zapatero y después la política
del PP hicieron explotar la deuda pública y las políticas de austeridad
tanto de Zapatero en 2010 como de Rajoy después han provocado un
crecimiento económico muy bajo y reducido los ingresos fiscales, por lo
que, para equilibrar el presupuesto, se ha hecho necesario aumentar la
financiación vía más deuda. En fin, es la resultante de las políticas
neoliberales llevadas a cabo tanto por el PSOE como por el PP.
Y tiene consecuencias muy perjudiciales para la población española,
aunque la ciudadanía no se dé cuenta necesariamente de que la
degradación de sus condiciones de vida tiene que ver con el tipo de
manejo de la deuda pública. Pero la relación es clara. La necesidad de
limitar el déficit fiscal por imposición de Bruselas y de tener
superávit primario hace que los gobiernos fomenten la austeridad, lo que
a su vez se traduce en menos inversiones públicas en infraestructuras,
en salud pública, y en educación, también en un aumento de los
impuestos…
Se trata de una política, además, que tiene aspectos contradictorios.
Los gobiernos aumentan la deuda pública y, a continuación, dicen a los
ciudadanos que es tan elevada que necesitan implementar políticas de
austeridad, como si ellos no fueran los responsables. Intentan aplicar
una narración totalmente mentirosa: culpan al gasto público del aumento
de la deuda. Pero no es el gasto social el problema, sino el gasto para
pagar la deuda.
P. ¿Y que debería hacerse ahora para evitar que siga desbocándose la deuda pública?
R. Una propuesta integral y coherente que incluya
cuatro puntos. Primero, hacer una auditoría de la deuda para determinar
la parte que es ilegítima. Y, a partir de sus resultados, tomar fuertes
medidas para hacer pagar a quienes se beneficiaron de la socialización
de las pérdidas bancarias. Me refiero a los bancos españoles y
extranjeros, que son los mayores acreedores de la deuda pública y, al
mismo tiempo, los responsables de su aumento. Ellos tienen que pagar la
factura.
Segundo, hay que reorganizar el sector bancario. Hace unos días firmé
con políticos, economistas e intelectuales un documento a favor de la
socialización del sector financiero [¿Qué podemos hacer con los bancos?
Medidas inmediatas para ir hacia la socialización de la banca, junto con
Marina Albiol (IU), Miguel Urbán, (Podemos), el economista francés
Michel Husson, entre otros]. Preferimos hablar de “socializar” y no de
“nacionalizar”: al servicio de la sociedad y bajo el control organizado
de la ciudadanía, no del Estado, a través de mecanismos locales de
transparencia obligatoria de las entidades bancarias.
Tercero, otra política de impuestos que haga pagar a quienes se
beneficiaron de los regalos fiscales de los últimos 15 años y que se
beneficiaron de la crisis. Ellos tienen que pagar más impuestos,
mientras se reducen los impuestos al consumo y la actividad de la
mayoría de la población, que tiene ingresos bajos o moderados.
Y el cuarto punto debe ser una política de creación masiva de empleos, que incluya una reducción de tiempo de trabajo.
P. ¿Cómo se hace una auditoría de deuda? ¿Qué porcentaje de la deuda pública española podría ser ilegítima?
R. La deuda del Estado español antes de 2006 era muy
baja y ahora alcanza niveles históricos. Para mí, la diferencia entre
la deuda de 2006 y la actual es deuda ilegítima, porque fue contratada
para favorecer el interés
particular de una minoría privilegiada de banqueros, extranjeros y
españoles. Una deuda ilegítima es la contratada contra el interés
general.
La auditoría tiene que analizar por qué aumentó la deuda, quién se
benefició de ese crecimiento y después sacar conclusiones. La hipótesis
que acabao de hacer sobre la deuda española debe ser comprobada después a
través de un proceso de auditoría organizado por la ciudadanía. Y, si
llega un Gobierno que quiera realmente romper con las políticas
neoliberales, tendrá que lanzar una comisión de auditoría, también con
participación ciudadana, como se hizo en Ecuador a partir de 2007. Por
eso, en la campaña del 26-J sería importante que los candidatos
explicaran a la gente qué es una auditoría y por qué es un asunto
fundamental.
P. Hace sólo unos días estuvo en España un economista australiano, Bill Mitchell, para presentar su último libro, La distopía del euro, donde defiende que los países del sur de Europa vuelvan a sus antiguas monedas. Yanis Varufakis también acaba de presentar un libro, Y los débiles sufren lo que deben, donde sostiene la opinión contraria: Grecia, también Reino Unido, deben permanecer en la zona euro. ¿Cuál es su opinión: dentro o fuera?
R. Creo que países como Portugal, España o Grecia
tendrían que salir de la eurozona. Lo que debería ser el resultado de
una decisión consensuada por la mayoría de la población. A diferencia de
Francia, Alemania y los países del Benelux, los de la periferia padecen
por su presencia en la zona euro. Al principio, a españoles,
portugueses y griegos les pareció muy bien la integración pero, en
realidad, los que se benefician del euro son Francia, Alemania, el
Benelux... Tienen ventajas para competir en los mercados de la
periferia, mientras que portugueses, españoles y griegos no están en
condiciones de competir en los mercados alemán, francés o del Benelux.
Y, como siendo miembro de la zona euro no es posible ganar
competitividad más que bajando salarios, la lógica para los países de la
periferia se reduce al recorte de salarios, lo que genera precariedad
laboral.
En cualquier caso, salir del euro no es la solución, es necesario el
programa integral del que hablaba antes. Porque abandonar la zona euro
no es una solución milagrosa, no es una solución per se si al mismo
tiempo no hay una solución sobre la deuda, los bancos y la inversión
para crear empleo.
P. ¿Y el Brexit?
R. Bueno, no creo que del referéndum salga una mayoría a favor de la salida de Gran Bretaña del euro.
P. Usted hizo la auditoría de la deuda griega y asesoró a Syriza. ¿Qué opina del viraje que ha dado Alexis Tsipras a su política económica?
R. Pues es muy claro que el Gobierno de Tsipras
capituló frente a la Unión Europea. La estrategia del primer gobierno de
Tsipras con Yanis Varufakis de ministro de Finanzas llevó a la
capitulación. Hicieron demasiadas concesiones a la Comisión Europea y
siguieron pagando la deuda: 7.000 millones de euros entre febrero y
julio de 2015, sin recibir ninguna compensación financiera. Así vaciaron
el tesoro público para pagar la deuda, cuando lo que deberían haber
hecho es suspender el pago y obligar entonces a los acreedores a entrar
en una verdadera negociación.
Para mí, en todo caso, la diferencia entre Varufakis y Tsipras es
que, en un momento dado, el primero se negó a la capitulación, y eso es
importante. Dimitió como ministro el 6 de julio frente a la decisión de
Tsipras de llegar a un acuerdo con la UE, a pesar del 63% de rechazo a
las propuestas de los acreedores europeos en el referéndum del 5 de
julio. Cierto que hay una diferencia, porque Varufakis tiene la virtud
de, al menos, haber roto con una lógica desastrosa, pero eso no le
absuelve de responsabilidad por lo que hizo en los primeros seis meses
de gobierno.
Personalmente, no apoyo el manifiesto DiEM 25. Hablé con él pero
decidí no firmar porque el documento mantiene de manera deliberada la
ilusión de que es posible la reforma de la Unión Europea. Para mí, en
cambio, la experiencia griega demostró que no hay posibilidad de
reformar la UE. Decir que la hay es crear falsas expectativas. Estoy
totalmente a favor de una integración europea, pero debe ser entre
pueblos, y eso pasa por un verdadero proceso constituyente en cada país
para llegar a una refundación de la UE con nuevos tratados.
P. La deuda griega alcanza ya nada menos que el 180% del PIB. El FMI lleva tiempo diciendo que es “insostenible” y que los objetivos fiscales que se le exigen a Atenas son irrealizables. Sin embargo, la UE, y Alemania, parecen decididas a no perdonarles un euro. ¿Adónde conduce esa política? ¿Qué futuro es el que espera a Grecia los próximos años?
R. Estoy convencido de que va a seguir casi como un
protectorado, una semicolonia de las grandes potencias europeas. Ya no
tiene soberanía para elaborar su política fiscal, continúa pagando la
deuda y cada nuevo desembolso a los acreedores está condicionado a
nuevas medidas de austeridad. Por ejemplo, la última reforma de la
jubilación deja la pensión mínima en 384 euros al mes, un ingreso por
debajo la línea de pobreza absoluta.
P. Usted también asesoró al Gobierno venelozano cuando aún estaba Hugo Chávez en el poder. Las carencias de la población en el país son muy alarmantes. ¿Qué le parecen las últimas medidas adoptadas por Nicolás Maduro?
R. Estoy muy preocupado por Venezuela, que también
se enfrenta a una crisis de deuda, aunque se trata primero de una crisis
política. Por supuesto, la narrativa de periódicos como El País o El
Mundo en España trastorna totalmente la realidad. Presentan a Leopoldo
López como un caballo blanco de la defensa de las libertades
democráticas, cuando es un personaje siniestro que apoyó provocaciones e
incluso medidas contra el movimiento popular. Yo lo sitúo en el sector
golpista duro de Venezuela.
Al mismo tiempo, soy muy crítico respecto a la política económica del
chavismo, después de la muerte de Hugo Chávez hubo una deriva funesta.
Pero sin equivocarse: creo que es una ilusión pensar que la oposición
mayoritaria en la Asamblea Nacional representa una alternativa
democrática y favorable al pueblo. Para nada lo es.
P. Explíqueme esa “deriva funesta” que critica en el Gobierno de Maduro.
R. En Venezuela hay una fuga de capitales inmensa.
La sociedad venezolana sigue siendo capitalista, no es un país donde el
sector público sea hegemónico. Grandes empresas capitalistas, tanto en
el sector agroalimentario como en el industrial y financiero, organizan
una fuga masiva de capitales que deja sin divisas al Estado y genera
ahora grandes dificultades de financiación con el barril de petróleo a
50 dólares, también problemas de abastecimiento en los supermercados y
las farmacias que afectan al nivel de vida de la población. Creo que el
Gobierno debería haber tomado medidas contundentes para combatir la fuga
de capitales y para que se invierta la riqueza producida en Venezuela
en favor de los venezolanos. También debería haber diversificado la
economía para reducir su dependencia del petróleo. Además, es necesario
transparentar las cuentas de la nación. Lo que significaría auditar la
deuda pública de Venezuela en relación con este escándalo de la fuga de
capitales.
Fuente: Infolibre.es